Sala de Prensa

04/04/2012

Las personas afectadas “fueron estigmatizadas sin mayor fundamento”, dijo.

Defensor Regional (S) de Aysén valoró desistimiento de querellas

Fernando Acuña defendió la plena validez del principio de inocencia en este caso, en que 22 habitantes de Aysén fueron imputados por distintos delitos de orden público.

Luego de que el Ministerio del Interior anunciara su decisión de desistirse de las querellas por Ley de Seguridad del Estado interpuestas contra 22 habitantes de esa zona del país, el Defensor Regional (S) de Aysén, Fernando Acuña, destacó la importancia y validez de sostener el principio de inocencia en este caso.

El pasado viernes, la abogada Ximena Risco, querellante en la causa en representación  del Ministerio del Interior, oficializó en los Juzgados de Puerto Aysén y Puerto Cisnes el desistimiento de esta acción legal.

A partir de ello, el Defensor Regional (S) comentó que hoy más que nunca las 22 personas querelladas deben ser tratadas como hombres y mujeres inocentes, pues ningún reproche o cuestionamiento puede hacerse en su contra.

“Han sido tratados injustamente y fueron estigmatizados sin mayor razón o fundamento (…) que se hayan exhibido sus fotografías y se les haya sindicado como responsables de los hechos de violencia en Aysén no corresponde a la realidad,  pues a ellos nunca se les condenó y siempre rigió para ellos el principio rector de la presunción de inocencia, el que permanece vigente”, aseguró.

FACULTADES
Como defensor público de 16 de los querellados,  Acuña explicó que la Ley de Seguridad del Estado otorga al Ministerio del Interior la facultad de poder desistirse en cualquier etapa del procedimiento: “La consecuencia inmediata es que si se aprueba, ya no se continúa con la persecución penal al alero de esta ley. Es decir, que no se seguirá adelante con la pretensión de obtener eventuales condenas”.

Agregó que al momento de hacer presente el desistimiento al tribunal, se solicitará una audiencia pública, en que el magistrado con jurisdicción en el caso decidirá si sobresee o no la causa definitivamente.En cuanto a la posición de la defensa sobre eventuales acciones que pudieran iniciar los 16 querellados, el Defensor Regional (S) explicó que “por mandato, la institución defiende a todas las personas perseguidas por crímenes, simples delitos o faltas y que no cuenten con abogado, hasta que el proceso penal termine. Una vez que eso ocurre, las personas son libres de ejercer otros derechos, como realizar acciones penales o solicitar indemnizaciones”.

Sin embargo, aclaró que la DPP no tiene facultades en ese ámbito. “Nosotros sólo defendemos, no accionamos contra la gente. Y será una decisión que tendrán que tomar ellos. Seguramente se tendrán que hacer asesorar por especialistas”, concluyó.

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