Sala de Prensa

16/04/2012

Deberán someterse a plan de intervención del Sename

Menores condenados por homicidio deberán cumplir pena de libertad asistida especial

Mediático caso desarrollado en la Región de Tarapacá culminó con un veredicto y sentencia en que el Tribunal Oral de Iquique acogió indicaciones de la defensa penal pública.

La argumentación de la defensora penal pública juvenil a cargo del caso fue clave para que el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique sentenciara a libertad asistida especial a los tres adolescentes que fueron considerados autores del asesinato de un joven en Alto Hospicio.

Para llegar a aplicar esta medida, los jueces calificaron el hecho como homicidio simple -y no calificado, como pretendía la fiscalía- y también reconocieron que los jóvenes colaboraron para esclarecer la forma en que se produjo el ataque a la víctima, Gunnar Arredondo, temas que fueron los principales puntos de controversia entre la parte acusadora y la defensa pública.

“Sostuvimos desde el primer momento, incluso en el control de detención, que la calificante dada por la acusadora no procedía, atendida las circunstancias en que se encontraban los entonces imputados y el agredido, esto es que no hubo ni aprovechamiento ni un actuar sobre seguro ante la víctima”, destacó Natalia Andrade, defensora pública de los imputados.

LIBERTAD ASISTIDA ESPECIAL
El dictamen implica que los condenados deberán someterse durante tres años a un plan de intervención individual que se elaborará para cada uno de ellos, a fin de asegurar “un trabajo de readaptación social que impida la reaparición de conductas desadaptadas y tienda al desenvolvimiento armónico y respetuoso del adolescente hacia las reglas que la vida en sociedad impone”, precisó la sentencia, votada a favor por la unanimidad de los jueces.

Los condenados son tres adolescentes que tenían entre 15 y 17 años al momento de los hechos, por lo que su caso se rige por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), que incluye medidas que buscan promover la reinserción social de los jóvenes infractores.

También se protege su identidad mientras estén en este proceso, aunque estarán sometidos a arraigo nacional durante todo el período de la pena y deberán registrar su ADN, de acuerdo a lo que establece la ley para este tipo de delitos.

IMPACTO PÚBLICO
Este caso despertó gran interés público, lo que se reflejó en destacados titulares de los diarios regionales e incluso con la inclusión de la historia de uno de los adolescentes condenados en un programa del canal Mega, en que lo sindicaron como uno de los diez delincuentes más peligrosos capturados por la justicia.

A raíz de ello, en marzo pasado el Defensor Regional de Tarapacá, Arturo Zegarra,  presentó ante el Tribunal de Garantía de Iquique una denuncia por la exhibición por televisión abierta de un video que mostró la detención dentro de su casa del menor -de 17 años-, a quien se identificó por su nombre completo y se mostró su imagen, denuncia que también se interpuso ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) contra la Red Televisiva Megavisión S.A.

Los sucesos que desencadenaron la muerte del joven Arredondo ocurrieron la madrugada del 24 de septiembre del año pasado, en el sector La Negra de Alto Hospicio, en circunstancias que todos los intervinientes estaban bajo los efectos del alcohol y las drogas.

A partir de ahora, los condenados deberán acudir el próximo 25 de abril a conocer el plan de intervención individual que profesionales del Sename prepararán para cada uno de ellos.

“EVITAR INJUSTICIAS”
El caso causó tanto impacto en Iquique, que incluso en su última edición el Diario 21 de esa ciudad citó y destacó los conceptos de la editorial de la última edición de “Revista 93” -el medio institucional de la Defensoría Penal Pública-, en orden a que “sin las garantías mínimas que la Defensoría exige diariamente en estrados es mucho más fácil que ocurran injusticias”.

Según Diario 21|, “la comunidad debe ir acostumbrándose a los nuevos conceptos y a la nueva forma de enfocar los casos y conocer el rol de la Defensoría Penal Pública, que tiene una importancia relevante”, señaló el diario.

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