Sala de Prensa

02/05/2012

Familia no descarta acciones legales por el daño moral que sufrió

Menor de 14 años estuvo preso ocho meses y era inocente

El niño fue acusado por el homicidio simple frustrado de un funcionario de Carabineros, pero el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua lo absolvió de toda responsabilidad en los hechos.

La noche del 7 de agosto de 2011, Carabineros de Rancagua recibió una denuncia por violencia intrafamiliar desde la población Algarrobo 3 de esa ciudad. Dos funcionarios de la policía uniformada concurrieron hasta el domicilio en que ocurrían los hechos y detuvieron allí al supuesto agresor, no sin antes contener al hijastro del sujeto -de 14 años-, quien con insultos trató de evitar la aprehensión de su padrastro.

Tras la llegada de refuerzos, la situación pudo ser controlada y los funcionarios policiales iniciaron su retirada, momento en que el último carabinero recibió un impacto de perdigones en su brazo y hombro derechos.

Los uniformados atribuyeron de inmediato la autoría del atentado al menor de iniciales C.R.R., quien fue formalizado por homicidio simple en grado de frustrado y luego internado en la cárcel de menores por el tiempo que duró la investigación. Ocho meses transcurrieron y pese a las continuas solicitudes de revisión de medida cautelar solicitadas por el defensor penal público Rodrigo Cabezas, especialista en justicia juvenil, todas fueron denegadas.

JUICIO ORAL
Fue necesario, entonces, esperar hasta el juicio oral, instancia en que los magistrados, considerando la falta de pruebas y las pericias balísticas realizadas para aclarar los hechos, absolvieron al menor. En efecto, el acta de lectura de sentencia señala que ninguno de los funcionarios policiales que acompañaron a la víctima esa noche al sitio del suceso declaró haber visto al menor disparar la escopeta.

Es más, indicaron que el niño estaba detrás del carabinero agredido, pese a que la pericia balística señala que según la trayectoria de la bala, quien disparó el arma debía ser más alto que el herido y estar situado a un costado del policía, situaciones que no se condicen con los testimonios aportados por el Ministerio Público.

Para Ximena Rivera, la madre del menor, esto implicó un costo emocional y económico importante para la familia: “Imagínese que mi hijo es un niño, nunca había tenido problemas con la justicia y de la noche a la mañana lo mantienen preso por tanto tiempo. Es un despropósito y una injusticia, por lo que no descartamos presentar acciones legales por el daño moral que sufrió”.

CONVENIOS INTERNACIONALES
Para Rodrigo Cabezas, privar de libertad a un joven adolescente durante tanto tiempo -especialmente cuando existen fundamentos de que no hay antecedentes suficientes para sustentar una acusación por un delito determinado- “es un atentado a los convenios internacionales sobre la materia, que exigen velar por los intereses superiores de los niños”.

Según el defensor penal juvenil, lo que es aún es más grave es que estas situaciones “producen el efecto contrario al querido por la sociedad, pues la privación de libertad en los centros de adolescentes de nuestro país implican que jóvenes vulnerables que nunca han delinquido se conviertan en verdaderos delincuentes, cuando lo que efectivamente debemos hacer es prevenir estas situaciones. El viejo adagio señala que si la calle es la escuela del delito, los recintos de privación de libertad son su universidad”.

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