Sala de Prensa

26/06/2012

Durante la 42° Asamblea General efectuada en Bolivia

OEA aprobó resolución que fortalece el rol de la defensa pública oficial en el continente

Entre otras cosas, el documento -elaborado previamente por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF)- pide a los Estados miembros adoptar acciones para que “los defensores públicos oficiales gocen de independencia y autonomía funcional”.

En un avance que fortalece el rol de las instituciones oficiales de defensa pública de todo el continente -entre ellas la Defensoría Penal Pública- los representantes de los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron recientemente en Cochabamba, Bolivia, la Resolución AG/RES 2714 (XLII-O/12) “Defensa Pública Oficial como garantía de acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad”.

El documento, aprobado durante el 42° período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de la OEA, desarrollado los días 4 y 5 de junio en esa ciudad boliviana, fue elaborado por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y luego presentado formalmente por la delegación argentina ante la OEA, con el patrocinio de Costa Rica y la colaboración de otros Estados miembros.

La nueva resolución complementa, ratifica y amplía una resolución anterior, aprobada el año pasado en El Salvador -durante la 41° Asamblea General del organismo continental-, referida a “Garantías para el acceso a la justicia. El rol de los defensores oficiales”.

CONTENIDOS RELEVANTES
Tal como lo explica un mensaje enviado a los integrantes de AIDEF por Juan de Dios Moscoso, asesor de la Defensoría General de la Nación de Argentina, la nueva resolución de la OEA afirma que el acceso a la justicia, “en tanto derecho humano fundamental, es a la vez el medio que permite restablecer el ejercicio de aquellos derechos que hubiesen sido desconocidos o vulnerados”.

Los estados firmantes también resuelven “apoyar el trabajo que vienen desarrollando los Defensores Públicos Oficiales de los Estados del Hemisferio, el cual constituye un aspecto esencial para el fortalecimiento del acceso a la justicia y la consolidación de la democracia”.

Junto con resaltar la importancia que el rol de los defensores públicos tiene para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, sobre todo las más vulnerables, la resolución de la OEA señala el que aparece como el punto más relevante de su contenido: reiterar “a los estados miembros que ya cuentan con el servicio de asistencia letrada gratuita que adopten acciones tendientes a que los defensores públicos oficiales gocen de independencia y autonomía funcional”.

Se trata de un acuerdo relevante, que para el caso de Chile parece estar contenido en su espíritu por la iniciativa legal que buscar dotar de autonomía constitucional a la Defensoría Penal Pública, y cuya idea de legislar ya fue aprobada hace algunos meses en el Congreso.

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