Sala de Prensa

03/07/2012

Se trata de Ángel Guerrero Bustamante

Defensoría Regional de Atacama cuenta con nuevo defensor penal juvenil

Al profesional le corresponderá asumir todas las causas de adolescentes que ingresen a la DPP en esa región del país, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Angel Guerrero Bustamante, licenciado en ciencias jurídicas de la Universidad de Atacama, es el nuevo defensor penal juvenil asignado a esa Defensoría Regional, zona donde posee una basta experiencia, ya que se desempeña allí desde que egresó de la universidad, en 2006.

Siempre ligado a la Defensoría, el abogado se desempeñó como defensor licitado en Caldera durante seis años, hasta que fue requerido por la Defensoría Regional para ocupar la vacante en este puesto.

“Hemos confiado en sus capacidades, ya que se trata de un abogado con experiencia y que además ha participado en las distintas academias para defensores de adultos o juveniles que se han impartido en Santiago, sobresaliendo siempre en ellas”, explicó Eugenio Navarro, Defensor Regional (S).

En estas capacitaciones, los defensores pueden aproximarse a las características psicológicas de la adolescencia y a los derechos y garantías consagrados en la Ley N° 20.084, que hace penalmente responsables a los menores de edad, lo que refleja la permanente preocupación de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Nacional por entregar a los defensores los más recientes conocimientos que se produzcan en esta materia.

Guerrero ejerce el cargo desde mayo pasado, lo que le ha permitido asumir la defensa exclusiva de menores de edad infractores de ley desde la Defensoría: “Siempre quise ser parte de la DPP, estoy feliz con el cambio, tengo una excelente relación con mis clientes adolescentes, lo que desde el punto de vista humano es totalmente diferente”, destacó el profesional.

Para el defensor juvenil, lo importante es dejar claro que “frente a un adolescente responsable por un hecho delictivo, sea el que fuere, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente busca responsabilizarlo para que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia, orientada a su plena integración social. Al momento de imponerse una sanción, no es posible asimilar esa responsabilidad a la de un adulto porque en tanto sujeto de derechos, el Estado le reconoce derechos humanos reforzados, que buscan incorporarlo en sociedad, para posteriormente poder exigirle conforme a esa entrega de recursos”.

“Tales recursos de reintegración social deben ajustarse a las necesidades específicas del adolescente, y no necesariamente a eventuales intereses colectivos en orden a imponer la sanción más severa, porque ésta no necesariamente logrará lo que como sociedad buscamos y que se plasma en la Ley N° 20.084, la plena integración social de nuestros jóvenes”, agregó.

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