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El caso de Gabriela Marín

14/09/2012

Columna de opinión:

El caso de Gabriela Marín

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de O’Higgins, fue difundido en distintos medios locales de esa zona del país.

Nuestra región cada cierto tiempo se remece con casos terribles, como el de la joven educadora de párvulos Gabriela Marín, quien fue asaltada y violada en las cercanías de la línea ferra de San Fernando y luego se suicidó, abrumada por la angustia de que sus agresores pudieran estar libres.

Es una tragedia, que debe tener a su familia sumida en el profundo dolor de recriminarse si pudieron, tal vez, hacer algo más por ella, acogerla y salvarla. En fin, la Defensoría Penal Pública siempre ha considerado y ha tenido un espacio de respeto y de conmiseración por las víctimas sea cual fuere el delito que los golpea.

Sin embargo, no deja de llamar la atención el tratamiento que se le ha dado al caso en cierta prensa local -porque, tan trágico como una muerte por desesperación puede resultar que alguien inocente pague por ese crimen y, de paso, que el verdadero culpable siga transitando por la calles con la tranquilidad de que otro está cumpliendo una condena por su delito.

Esa es la premisa de la Defensoría Penal en este caso: las personas detenidas no son los culpables.

Por ello es que también nos choquea la forma en que un medio expone con tanta certeza que, a causa de “la libertad posterior de los culpables”, Gabriela decidió quitarse la vida. Cuántas veces hemos insistido que no corresponde a la ciudadanía ni a los medios sancionar ni dictar sentencia morales, antes siquiera de conocer los hechos y su detalles.

En la región sabemos de varios casos en que personas inocentes fueron sindicadas como culpables en medios sociales -pública y rotundamente- y que luego, al establecerse su inocencia, nada se les explica, ni siquiera una pequeña inserción.

Todos deseamos que los culpables de la agresión a Gabriela Marín sean llevados a la justicia, pero en ese afán no habría nada más terrible que cualquier vecino pague por la necesidad de paz y de tranquilidad social.

Sin ánimo de ventilar datos del caso, lo que sabemos es que la víctima señaló no haber podido ni querido mirar el rostro de sus agresores. Sólo dio detalles del color de sus chaquetas y una hora después de los hechos, Carabineros detuvo a dos jóvenes que estaban fumando a metros del lugar del delito y que vestían un color de chaquetas que coincidía.

Pero, si eran los culpables, ¿se quedaron para presenciar tan de cerca el operativo policial? De hecho, ellos señalaron que se enteraron por boca de otros transeúntes -incluso antes de que llegara Carabineros- de que muy cerca de allí había acontecido una violación minutos antes.

El tercer detenido es un joven que se había bajado de un taxi casi en el momento del operativo y que todos los días transita por ese lugar rumbo a su hogar (venía de la casa de su polola) y llevaba, tal vez, ¿una chaqueta de color equivocado?

Éste último imputado es un joven sin antecedentes penales que hace unos días se tituló profesionalmente, ello gracias a que no quedó en prisión preventiva y pudo seguir haciendo su vida, mas allá de la angustia personal de ser imputado de un crimen tan horrendo.

Lo más probable es que los hechores, como acontece normalmente, hayan huido y se alejaran del sitio del suceso -tal vez para siempre- y que la Fiscalía, en clara aplicación del principio de objetividad, no pidiera ninguna cautelar para los detenidos frente a la realidad insoslayable de que los antecedentes con los que se cuenta son los mismos con los que se podría culpar a mí o a usted, paciente lector de esta columna.

Por Alberto Ortega Jirón,
Defensor Regional de O'Higgins.

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