Sala de Prensa

26/10/2012

Reafirmaron la total inocencia de sus representados

Defensores públicos de carabineros formalizados cuestionan evidencias de la Fiscalía

Abogados Irka Contreras y Renato González explicaron que en las numerosas interceptaciones telefónicas no hay nada que acuse a los uniformados.

En prisión preventiva quedaron los cuatro carabineros imputados por un robo con intimidación supuestamente perpetrado en una casa de la comuna de Pudahuel.

La magistrada de Primer Juzgado de Garantía, Francisca Zapata, accedió así a la solicitud del fiscal Emiliano Arias, quien formalizó al capitán Eduardo Elgueta Sandoval y a los cabos Jorge Garcés Mariángel, Michael Atenas Cruzat y Christopher Ortiz Guzán por haber robado 5 millones 400 mil pesos desde una vivienda cuyos moradores tienen antecedentes de tráfico de drogas.

La Fiscalía presentó como pruebas principales los testimonios de dos menores de edad de 17 años -un sobrino de la dueña de casa y su pareja-, quienes estaban en la casa junto a un hijo de dos semanas y a un hermano de la adolescente, de 7 años de edad. Éstos afirmaron que un auto de Carabineros y una camioneta llegaron hasta la casa con personal uniformado y de civil.

Las presuntas víctimas aseguran que reconocen al capitán Elgueta y al cabo Garcés como las personas que ingresaron a la casa vestidos de uniforme y que los amenazaron con llevarse al bebé de la pareja si no les entregaban el dinero. Conocedores de que su tía, Paula Gamboa, tenía una mochila con dinero, la habrían entregado, tras lo cual los sujetos se retiraron del lugar.

El fiscal dijo tener videos de cámaras de vigilancia municipales y de autopistas que muestran cerca del lugar de los hechos a un radiopatrulla y a una camioneta de características similares a las señaladas por los denunciantes.

TOTAL INOCENCIA 
Sin embargo, los defensores penales públicos Renato González -a cargo de la defensa del capitán Elgueta- e Irka Contreras -quien representa al cabo Garcés- no sólo alegaron la total inocencia de sus defendidos, sino que cuestionaron la existencia misma del delito.

“En primer lugar, no está acreditada la existencia del dinero supuestamente robado. Además, de las numerosas interceptaciones telefónicas que se hicieron en los últimos dos meses, no hay ninguna declaración que mencione su participación en el delito investigado”, explicó Renato González.

El defensor agregó que resulta extraño que si un ilícito tan grave ocurrió a las 18 horas del 24 de agosto, la denuncia sólo se haya estampado a las 1:00 del día siguiente. Precisó que la explicación de que las suspuestas víctimas esperaron hasta ubicar vía celular a su tía para saber qué hacer tampoco resulta creíble, ya que tampoco existe registro de esa supuesta llamada.

Como dato anexo, los hechos denunciados ocurrieron en la misma casa donde diez efectivos de la PDI, hoy formalizados por el mismo fiscal Emiliano Arias, cometieron un delito similar. El tribunal fijó como plazo de investigación 120 días.

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