Sala de Prensa

29/10/2012

Columna de opinión:

Cuenta pública en la cárcel de Talagante

El siguiente artículo, publicado en el diario El Labrador de Melipilla el domingo 28 de octubre, fue escrito por el Defensor Regional Metropolitano Sur (DRMS).

Hace algunos días concurrimos con un grupo de profesionales y defensores de la Defensoría Regional Metropolitana Sur al Centro de Detención Preventiva (CDP) de Talagante, con el fin de reunirnos con algunos de los internos, con motivo de dar cuenta de la labor de la Defensoría Regional que dirijo durante 2011.

Elegimos el penal de Talagante porque consideramos oportuno hacer esta cuenta pública frente a quienes son los usuarios de nuestra prestación de defensa en situación más crítica. En la oportunidad les manifesté que sabemos que las expectativas que ellos tienen de la labor de los defensores públicos son muy exigentes.

El hecho de estar privado de libertad hace que los días sean más largos y los plazos de investigación se vuelven aún más largos. Por lo tanto, el contacto con el defensor o defensora y la posibilidad de conocer las novedades que les traigan se convierten en un motivo de ansiedad muy grande.

También les informé las estadísticas que presentamos ante las autoridades regionales, ya que me parecía pertinente mencionarles algunas de ellas. Para la sociedad, la prisión preventiva debiera ser la medida de última ratio. Es decir, cuando no exista ninguna otra posibilidad para asegurar la comparecencia a las distintas actuaciones investigativas, por seguridad de la sociedad o por peligro de fuga ante la cuantía de la pena, que encarcelar a una persona.

Pese a lo extremo de la medida, durante el año pasado la aplicación de esta medida cautelar se decretó en 7 mil 514 ocasiones, lo que representa un 14,9 por ciento de las medidas decretadas en la Región Metropolitana, un par de puntos menos que en 2010.

Casi todas las personas condenadas que se encuentran es esta cárcel han pasado por un juicio oral en alguno de los tribunales orales en lo penal de Talagante o Melipilla, y si bien del total de imputados sólo un porcentaje bajo llega juicio oral, durante 2011 los defensores penales públicos representaron a 2 mil 478 personas ante un tribunal oral en lo penal en la Región Metropolitana, en mil 860 causas distintas. Igualmente, aproveché de recordarles que, en virtud del trabajo de los defensores, en más de un 70 por ciento de los casos las condenas dictadas por un tribunal oral en lo penal impusieron penas inferiores a las solicitadas por la fiscalía.

Otro aspecto fue comentarles los pasos previos que permitieron iniciar la defensa penitencia en la cárcel de Talagante, proyecto largamente anhelado por la Defensoría Penal Pública, pues en nuestro país tenemos más de 54 mil personas privadas de libertad, de las cuales casi 40 mil están condenadas que, en lo que se refiere a la defensa de sus derechos, estaban completamente desatendidas. Con la defensa penitenciaria, ahora estos reclusos tienen a quién acudir en caso de que sientan que sus derechos como personas, sus derechos como reclusos o su integridad personal están siendo vulnerados o en peligro de serlo.

El programa empezó con la preparación durante 2011 y ya operando oficialmente el presente año.  En la Región Metropolitana se licitó un modelo de defensa penitenciaria que opera con 14 abogados, a un costo de más de 200 millones de pesos, y que atiende a los internos e internas del Centro Penitenciario Femenino y de las cárceles de San Miguel, Talagante, Puente Alto, Colina I, Colina II, incluyendo los módulos de alta y máxima seguridad.

Finalmente, les reiteré que a pesar de tener una deuda con la sociedad, del único derecho que les ha privado la aplicación de la ley penal es el de movilizarse libremente, pero que siguen siendo personas con dignidad y derechos que deben ser protegidos, y que esa es la tarea de la defensa penal pública. 

Por Claudio Pavlic V.,
Defensor Regional Metropolitano Sur.

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