Sala de Prensa

28/01/2013

“Defensoría Penitenciaria”:

El programa que ayuda a reos condenados a pedir beneficios y apurar su salida de la cárcel (*)

Funciona en penales de tres regiones. El año pasado 5 mil 322 reos fueron ayudados a presentar solicitudes para que revisaran sus casos. Todos deben tener buena conducta y cumplir metas. Defensor Nacional dice que al final va en beneficio de la sociedad, porque apunta a la reinserción.

(*): El pasado viernes 25 de enero, el vespertino La Segunda publicó este extenso reportaje sobre el modelo de defensa penitenciaria de la Defensoría Penal Pública.

Por Fernando Duarte/La Segunda

Hace 6 meses, el ciudadano de origen alemán F.S. estaba devastado. Tras pasar siete años en la cárcel de Puente Alto, luego de cumplir una condena por tráfico de cannabis sativa y LSD, sería expulsado del país. Eso lo obligaría a dejar a su mujer y sus dos hijas, de 11 y 7 años.

“Había conversado con abogados de derechos humanos y me dijeron que no había forma de revertir la situación”, recuerda el hombre, quien llegó a Chile en 1994 y mientras estuvo recluido tuvo un comportamiento ejemplar.

Fue en una conversación con los funcionarios del área técnica del recinto penitenciario donde le comentaron que había un equipo de la Defensoría Penal Pública que tal vez podría ayudarlo.

“Hace cinco meses, mientras entrábamos a la cárcel, se me acercó”, recuerda José Castro, abogado del programa de Defensa Penitenciaria. Luego de escuchar su caso, se puso a estudiar qué se podría hacer. “Era complejo, porque nunca un ciudadano extranjero había logrado quedarse en el país tras ser condenado por delitos relacionados con droga”, afirma

Sin embargo, vio que podía haber una posibilidad e interpuso un recurso administrativo ante el Ministerio del Interior. Luego de eso, presentó recursos de protección y amparo ante las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, además de recurrir a la Suprema.

Tras meses de incertidumbre los tribunales se pronunciaron, subrayando que debido al arraigo y la crisis familiar que podría desatar la expulsión del alemán, éste debía permanecer en el país. La decisión sentó un precedente, pues jamás la justicia había favorecido a un extranjero.

“Me salvaron a mí y a mi familia”, dijo a «La Segunda» con emoción F.S., quien a sus 51 años está intentando rehacer su vida.

INICIATIVA PARTIÓ EN 2009
F.S. recibió ayuda, gratuita por cierto, del programa de Defensa Penitenciaria.

La iniciativa surgió en 2009 en la Defensoría Penal Pública y partió a modo de prueba en algunos penales de la Región de Coquimbo, gracias a la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Desde el 2010 funciona también en la Región Metropolitana (Colina 1 y 2, cárcel de Alta y Máxima seguridad, Santiago Sur, Puente Alto y Talagante), además de la VIII Región.

La coordinadora del proyecto, María Alicia Salinero, cuenta que durante 2012 fueron 5 mil 322 condenados los atendidos gracias al programa. El desafío ahora es obtener más recursos, para que el programa se lleve a cabo a nivel nacional.

Antes de 2009, cuenta, “la Defensoría se preocupaba de los acusados hasta la dictación del fallo y después no sabía de ellos, pero ahora todo es distinto”, afirma Salinero. Para eso, abogados y asistentes sociales tienen la misión de visitar a los internos para explicarles cuáles son sus deberes y derechos. En caso de requerirlo, los ayudan con los trámites legales.

-Muchos pensaban que por estar en la cárcel quedaban privados de todo y eso no es así, porque ellos tienen una serie de garantías que les permiten, por ejemplo, optar a beneficios... Les enseñamos derechos, los educamos, les decimos qué pueden pedir y eso permite que baje la ansiedad en la población de los penales.

Según cuenta, “lo que piden con mayor frecuencia son las unificaciones de condena. Si tienen condenas distintas por delitos similares, y hay buena conducta, se junta todo para pedir una reducción de la pena”. Otra de las solicitudes frecuentes está relacionada con los abonos de prisión preventiva. Esto significa que si una persona es condenada, pero antes estuvo en prisión por algún caso donde finalmente se probó su inocencia, el lapso que estuvo en prisión preventiva le es abonado a su condena definitiva.

Otras peticiones comunes tienen que ver con los traslados de recintos penales y las libertades condicionales.

DEFENSOR NACIONAL: “HAY QUE DARLES UNA OPORTUNIDAD”
El Defensor Nacional, Georgy Schubert, habla con orgullo del programa.

-Hay varios temas en los que existían deficiencias. Por ejemplo, no había claridad sobre las formas en que accedían a las salidas dominicales o a la libertad condicional. Se entregaba poca o ninguna información a los internos. No sabían qué tenían que hacer para obtener beneficios y si se los rechazaban tampoco sabían qué hacer –subraya el defensor.

Ante los reparos que la aplicación del programa podría generar en la sociedad, el defensor afirma que es un hecho que los detenidos en algún momento van a recuperar su libertad. “La idea de un régimen de privación es que no sólo sea un castigo porque sí, porque cuando esa persona vuelva a salir necesitará herramientas para desenvolverse... si no le damos ninguna opción va a ser más alta la posibilidad de que vuelva a cometer un delito”, destaca.

Por eso, recalca, la Defensa Penitenciaria forma parte de un proceso de reinserción. “Esto implica que los condenados deban mantener buena conducta, que entiendan que va a depender de que cumplan las metas para que la reinserción sea posible. No sólo deben cumplir una pena privados de libertad porque han cometido un delito, también hay que generar condiciones dentro de las cárceles para que las personas tengan una chance de rehabilitación. Algunos no se van a rehabilitar, pero para aquellos que sí quieran hacerlo hay una obligación de darles una oportunidad. Nos conviene a todos como sociedad que puedan reinsertarse como personas provechosas”.

En otros países, comenta Schubert, existen jueces de ejecución de pena y tribunales completos dedicados exclusivamente a ver qué pasa con los traslados de los reclusos, con las sanciones que les han sido aplicadas y con si obtienen o no beneficios después de ciertas etapas en el cumplimiento de la condena. “Ese es un debate judicial que es abierto y público”, explica el defensor, deslizando que ese tal vez pueda ser el próximo paso en el sistema penitenciario chileno.

DIRECTORA DEL INDH: "EDUCAR A LOS REOS TERMINARÁ SIENDO BENEFICIOSO PARA TODOS”
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) está muy al tanto del programa que lleva adelante la Defensoría Penal Pública y lo valora, señala la directora, Lorena Fríes.

Explica que el objetivo es entregar información a los reos, de modo que puedan conocer los derechos que tienen como internos.

“Eso contribuye a que tengan información y la hagan valer”.

Fries agrega que “nosotros tenemos una relación cercana con la Defensoría y habíamos dicho en nuestros informes que existía un déficit en el conocimiento que tienen los privados de libertad acerca de cómo acceder a ciertos beneficios. El sentido común dice que sólo carecen de la libertad de circulación. Todos los demás derechos debieran tener un marco y estar regulados”.

Sobre los reparos que la implementación de este programa podría generar en la sociedad, la directora señala que “las penas privativas de libertad buscan separar al sujeto de las acciones ilícitas que ha cometido contra la sociedad. Pero hay otro elemento que es la reinserción en la sociedad y la rehabilitación”.

Añade que sin conocer los incentivos (para salir), el paso por la cárcel se hace mucho más difícil y ésta termina convirtiéndose en una escuela que fortalece la comisión del delito.

Por eso, agrega, es importante que la sociedad entienda que educar a la población penal terminará siendo beneficioso para todos.

“Las personas condenadas también son personas y tienen derechos humanos. El mundo no se divide en personas con o sin derechos, todos somos seres humanos y tenemos el mismo valor”, apunta Fríes.

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