Sala de Prensa

15/05/2013

Columna de opinión:

Justicia para adolescentes

Este artículo, escrito por el Defensor Regional de Tarapacá, fue publicado en una reciente edición del diario La Estrella de Iquique, capital regional de Tarapacá.

Ante los cuestionamientos a la normativa que responsabiliza y sanciona a los adolescentes infractores de la ley penal, se debe recordar que la regulación actual adecua nuestro derecho interno a estándares internacionales vigentes en esta materia.

Ello es resultado de la suscripción y ratificación de tratados internacionales que consagran y reconocen garantías y derechos a los adolescentes en el marco del proceso penal.

La base de una sociedad democrática es la observancia de los derechos esenciales de todos los hombres y mujeres -adultos y jóvenes-, siendo deber de las autoridades y órganos del Estado respetar y promover su pleno ejercicio.

La respuesta del sistema penal debe considerar que la personalidad de los jóvenes -a diferencia de los adultos- se encuentra en una etapa de desarrollo, por lo que se debe propiciar que el joven internalice el respeto de los derechos de los demás y fortalezca sus necesidades de desarrollo e integración social.

Atendida sus particularidades, la justicia de adolescentes requiere de una atención especializada y exclusiva de todos los actores: jueces, fiscales y defensores. Necesita de una oferta socioeducativa que integre y considere las características personales, del entorno familiar y social de cada joven, con programas más estables y duraderos.

Las medidas que se apliquen deben evitar el contagio criminógeno que se produce con el encierro y que limita las posibilidades efectivas de reinserción. El que se postule el endurecimiento de las penas en un sistema que tiene como medida de último recurso la privación de libertad es, simplemente, no entenderlo.

Mas allá de criticar el funcionamiento del sistema, todos los intervinientes debemos esmerarnos por cumplir las exigencias legales, principalmente de especialización y exclusividad. Se debe evaluar permanente y sistemáticamente los resultados obtenidos, sobre la base de elementos objetivos y no sólo basándonos en casos aislados.

Si renunciáramos a una justicia especializada y optáramos por el camino de modificar el régimen de penas sin considerar nuestros aportes al logro de estos objetivos, no sólo incumpliríamos obligaciones internacionales, sino que además fracasaríamos en nuestro esfuerzo por lograr una sociedad respetuosa y protectora de los derechos de todos quienes la integran.

Por Marco Montero Cid,
Defensor Regional de Tarapacá.

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