Sala de Prensa

08/10/2013

Reportaje publicado en el diario El Mercurio de Antofagasta

Proyecto Inocentes: la pesadilla de quienes fueron encarcelados por error

Por malos procedimientos de la Fiscalía, de las policías o de los mismos defensores, personas que nada tenían que ver con un crimen pueden pasar meses o años en la cárcel. En este reportaje 4 historias ocurridas en Antofagasta de inocentes que estuvieron tras las rejas. Ninguno de ellos recibió algún tipo de indemnización.

Por Cristian Ascencio,
periodista Cuerpo de Reportajes
El Mercurio de Antofagasta

Eleuterio Terán pasó un año y tres meses en la cárcel, imputado por homicidio calificado. Según la versión de la Fiscalía, el agricultor llegó hasta la pieza de su víctima, Héctor Ramos –en la localidad de Caspana- para pedirle vino en medio de una noche de celebración, pero ante la negativa de Ramos, extrajo un cuchillo y lo hirió gravemente.

La Fiscalía sostuvo que después del ataque, Terán habría intentado crear un escenario de suicidio, atando una soga y ahorcando a la víctima, que aún se encontraba viva. El agricultor fue puesto en prisión preventiva y meses después declarado culpable en un primer juicio oral.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló el primer juicio, estimando que hubo “una valoración notoriamente irracional o arbitraria de la prueba rendida, especialmente de la prueba testimonial”. Eleuterio Terán había sido condenado a 10 años de prisión.

MAL PROCEDIMIENTO
Lo cierto, tal como quedó en evidencia en el segundo juicio oral en que Terán fue absuelto, es que había más de una duda razonable sobre la participación del condenado. La confesión –principal argumento por el cual se declaró culpable- habría sido obtenida bajo presión a una persona que no sabía leer ni escribir y tenía un diagnóstico de inteligencia limítrofe. A esto se suma que no hubo un registro formal sobre esta declaración.

Además, el mismo padre de la víctima sostuvo que no era posible que Terán, un hombre delgado que superaba los 60 años, pudiera cargar a su hijo, quien era un joven de 25 años de contextura robusta (80 kilos de peso) y ponerlo en una soga. Que lo pudiera haber atacado, sin sufrir rasguños de vuelta, también era poco probable.

La defensa agregó que la policía no buscó huellas en el sitio del suceso, no examinó las ropas del acusado buscando restos de sangre, no hubo testigos que inculparan a Terán y tampoco se encontró el cuchillo con que se hirió a la víctima.

De hecho, el trabajo realizado por la PDI fue duramente cuestionado en el segundo juicio, ya que no se habría realizado el levantamiento de huellas necesario para dar con el culpable, entre otras pericias faltantes.

La historia de cómo Terán llega a verse involucrado en este caso comienza cuando es visto bebiendo junto a la víctima y otras personas de Caspana en horas previas al crimen (que sucedió el 28 de agosto de 2005 a la una de la mañana).

El 28, después de amanecer, la dueña de la casa donde la víctima tomaba pensión, encuentra el cadáver del joven y llama a la policía. A ellos les cuenta que la última vez que vio al asesinado con vida había sido en la noche reciente, compartiendo con dos hermanos de apellido Saire, con Eleuterio Terán Terán y otra persona de apellido Colamar.

Los efectivos de la PDI explican que a los hermanos Saire no se les siguió investigando debido a que declararon que después de estar con la víctima en Caspana, se fueron a Ayquina. Esta versión fue corroborada por una tía de los Saire.

Además, un detective a cargo del procedimiento sostuvo que Terán confesó sin presiones haber sido el autor del crimen, el día que fue detenido (30 de agosto). Aunque no se le encontró ni el arma, ni sangre en sus ropas, ni lesiones por haber estado en una riña. 

La defensa argumentó que esta confesión fue entregada bajo presión y el mismo Terán aseguró en el juicio oral que firmó papeles que no sabía qué decían –por su analfabetismo- y que incluso los agentes le aseguraron que debía firmarlos para “dejarlo en libertad”.

Otra prueba agregada en el segundo juicio que ayudó a Terán a recuperar su libertad, fue la declaración de un testigo protegido, cuya identidad constaba en sobre cerrado. El testigo fue a un cumpleaños a Caspana, en el mes de noviembre de 2005 y se encontró con Alejandro Saire, quien le dice que “en caso que me lleguen a pillar deben caer todos los demás”.

En esa conversación Saire además habría asegurado saber quién había sido el autor del homicidio de Héctor Ramos, pero que no podía decirlo y que no era el acusado (Eleuterio Terán) el culpable. El testigo protegido agregó que Saire estaba un poco ebrio cuando contó esto y fue sacado del lugar por un familiar.

DAÑOS
Después de ser absuelto, Terán intentó rehacer su vida, pero parte de sus conocidos desconfiaban de él y sus tierras se secaron debido a que no fueron regadas durante el tiempo en que estuvo en la cárcel. Además perdió su casa.

Este año su caso fue presentado en el “Proyecto Inocentes”. Una recopilación de relatos efectuado por la Defensoría, de personas que fueron injustamente acusadas y detenidas. En su testimonio, grabado en video en su localidad de origen –Caspana-, el agricultor explica que “(los detectives al momento de su detención) me hicieron sentar en la cama (de su pieza) y me pusieron las esposas, me insultaron, me dijeron ‘cállate’. Me sacaron la mamita a cada rato. Me preguntaron dónde tenía el armamento. No tenía nada, no tenía idea de qué me estaban hablando. No sabía quiénes eran ellos tampoco. Quería saber su nombre y no me dieron ninguna respuesta”.

Eleuterio Terán falleció en un accidente de tránsito en Calama en mayo de 2013, un mes después de ser grabado para el Proyecto Inocentes. Su máximo anhelo era recuperar su casa, lo que no logró.  

DE BOLIVIA A LA CÁRCEL
Feliciano Apaza era uno de los muchos inmigrantes bolivianos que fueron convencidos por amigos para venirse a Chile, en busca de una mejor situación económica. Pero llevando apenas 24 horas en nuestro país, fue detenido por porte de dos paquetes de pasta base.

Su defensora, Karina Trujillo, confió en su representado, el cual aseguraba que había sido cargado con la droga.

La historia comienza el 2006 en Oruro, cuando Feliciano Apaza es tentado por la propuesta de Segundino Condori, de venirse a trabajar a Chile por 10 mil pesos diarios a tareas en agricultura. Apaza, que sólo hablaba fluidamente quechua, decide emprender esta aventura, ya que su situación económica era apremiante (tiene seis hijos).

En enero de ese año emigra a Antofagasta. Cruza los pasos fronterizos de Colchane y la aduana de Iquique. En ambas partes, como a la mayoría de los ciudadanos provenientes de Bolivia, es revisado acuciosamente por el personal de inmigración, sin que se le encuentre nada.

En Antofagasta, la persona que le ofreció trabajo –Condori- lo lleva hasta una residencial y le da 10 mil pesos para que coma algo. Al día siguiente lo pasaría a buscar. Apaza ni siquiera salió de la habitación, pues no hablaba bien el castellano.

En la mañana siguiente salió a tomar desayuno en las cercanías de su residencial (sector de La Vega). Al regresar vio que Condori lo había pasado a buscar y le estaba arreglando el bolso. Justo antes de salir, ingresó al hospedaje personal del OS7 de Carabineros, los cuales habían sido alertados por un informante sobre un boliviano con paquetes de drogas. Los dos kilos de pasta base estaban en su bolso, el mismo que había sido revisado en las aduanas de Colchane e Iquique.

Apaza había caído en una trampa de una red de narcotráfico que buscaba obtener beneficios para uno de sus integrantes detenidos, involucrando a inocentes. De hecho, fue inculpado por la hermana de un imputado, para que así su hermano tuviera la circunstancia atenuante de cooperación eficaz.

Después de investigar más sobre la situación de su cliente, que poco hablaba en castellano, la abogada Karina Trujillo estableció que entre internos bolivianos se rumoreaba que Apaza había sido “cargado” con la droga. El agricultor estuvo 9 meses en prisión preventiva en Chile y aprendió el idioma para alegar su inocencia.

En octubre quedó en libertad, ya que se registraron grabaciones telefónicas de la familia del imputado, de nombre Heriberto, en que se establecía la maquinación para inculpar a Apaza.

Después que quedó en libertad, Apaza no puedo volver sino hasta fin de año a Bolivia, ya que debió declarar en calidad de víctima de esta red de narcotráfico. Recién en diciembre de 2006 se pudo volver a reunir con su familia en Oruro.

POR PERDER EL CARNET
Javier Calabacero Páez es un minero antofagastino que fue detenido el año pasado, después que un delincuente usurpara su identidad. El trabajador estuvo 9 días en prisión preventiva antes que se aclarara que no estaba involucrado en un robo ocurrido en Puerto Montt (a 2 mil 400 kilómetros de distancia de su residencia) y que en realidad el verdadero autor del ilícito había suplantado su identidad, ocupando un carnet que Javier había extraviado en el 2010 (y que no bloqueó).

El minero fue detenido en enero de 2012, luego que el tribunal de garantía de Puerto Montt despachara una orden en su contra por no presentarse al tribunal a una audiencia, en el marco de una investigación por un robo con fuerza en el cual había sido imputado.  

Después de 9 días detenido y ser trasladado a Puerto Montt para su reformalización, logró gracias a su abogado defensor –Ricardo Oliva- que el tribunal escuchara las grabaciones del primer detenido y compararan las voces. Ahí se estableció que la persona que había sido detenida por el robo y que había quedado en libertad mientras se realizaba la investigación no era Javier Calabacero, sino alguien que ocupó su carnet para identificarse. El juez de garantía dejó sin efecto la audiencia y ordenó la libertad inmediata del antofagastino.

El abogado defensor Ricardo Oliva explica que no hubo prolijidad de la policía al identificar al imputado. “En primera instancia detuvieron y formalizaron a una persona cuya identidad no correspondía a la cédula que portaba, afectando directamente a un inocente, quien debió pasar nueve días en prisión y a quien se le imputaron hechos graves, causándole un evidente e irreparable daño”.

TESTIGO CONFUSO
Otro de los casos más complejos, debido a la gravedad de la imputación, fue el que enfrentó Eugenio R., quien fue detenido debido a un confuso relato de un testigo menor de edad.

En agosto de 2011 se produce el crimen de un joven en Antofagasta, el cual era conocido en su barrio por una adicción a las drogas.

Mientras Eugenio efectuaba unas reparaciones en el techo de su vivienda junto a un amigo, vio a la víctima afirmada en un poste con evidentes problemas físicos. Bajó a auxiliarlo y ahí se dio cuenta que el sujeto sangraba por su vientre. Poco después se desplomó.

Junto a otros vecinos trataron de reanimarlo y llamaron a emergencias. El joven murió en el hospital de Antofagasta.

Un llamado anónimo informó a la policía que un menor estaba presente al momento del disparo que acabó con la vida de la víctima. El menor –de 12 años- fue sacado del colegio y llevado a declarar. En esa primera declaración inculpó a Eugenio y su amigo, como quienes estaban en el lugar de los hechos y eran autores del disparo.

Luego se retractó, diciendo que sólo los vio en ese lugar, pero sin armas y tampoco presenció el disparo. Como la Fiscalía había basado toda su argumentación en la declaración de este testigo, el mismo fiscal decidió solicitar que se absolviera a Eugenio. Eso sí, el imputado había pasado 11 meses en prisión preventiva en la cárcel de Antofagasta.

Loreto Flores Tapia, Defensora Regional:
“Los errores son del sistema en conjunto”

¿Este problema –detenidos que finalmente resultan inocentes- se está generando muy frecuentemente?
En Antofagasta, el año 2012 hubo un 20 por ciento de absoluciones en juicios orales, donde la mayoría estuvo en prisión preventiva. No significa que el 20 por ciento hayan sido errores judiciales. Los casos del Proyecto Inocentes son muy específicos, pasan por un sistema muy riguroso de selección. Si hablamos de un porcentaje de errores judiciales, sería bajísimo.

¿Qué pasa con las personas que estuvieron en prisión y luego son absueltos?
Hay personas que no pueden ser condenadas, porque falta prueba. De ahí a decir que esa persona es inocente, hay distancia. En el Proyecto Inocentes buscamos personas en que la inocencia estuviera acreditada completamente. Muchos quedan con daños psicológicos, con quiebres en sus relaciones personales. Hay familias que se juntan y otras que se rompen, también que pierden sus trabajos. En el caso de Eleuterio Terán, uno de los símbolos a nivel regional, él perdió sus tierras. Como estuvo más de un año en prisión preventiva, Terán no pudo pagar sus derechos de agua y la comunidad indígena a la que pertenecía no se las respetó. Perdió su sustento.

¿Cuáles son los errores que llevan a que una persona inocente quede privada de libertad?     
Tratamos de no hablar de errores particulares, sino de errores del sistema en conjunto. Se pueden clasificar. Hay errores de malas prácticas policiales. Por ejemplo, que se señale a alguien como culpable sólo a través de una fotografía, también por falsas confesiones, no siempre generadas por abusos, sino porque la persona no sabía leer. Además hay errores en la propia Defensoría porque, por ejemplo, el defensor no realiza todas las diligencias.

También hay casos en que por parte de la fiscalía se ocupa tipo de prueba cuestionable científicamente, como la grafología…
Sí. Puede pasar que haya un estándar de prueba muy bajo, pero que igual influyó en que el imputado haya estado en prisión preventiva mientras se realiza la investigación. Los medios en ocasiones consideran como única medida la negación de libertad cuando hay delitos graves. Hay muchas críticas al sistema cuando alguien no queda en prisión preventiva y está acusado de un delito grave. Resulta que cuando esa persona se absuelve, la relevancia de ese hecho parece no ser tan importante.

Da la impresión que en casos complejos, si tocan ciertos jueces blandos el imputado queda libre y si tocan duros, es culpable… Eso produce preocupación en la comunidad, como si la justicia fuera una lotería.
No nos gusta hablar de jueces garantistas, pues siempre los jueces deberían ser garantistas. Las garantías no son para un culpable, sino para un ciudadano que puede ser inocente o culpable. Es cierto que hay jueces que pueden tener un estándar más bajo que otros. Ahí es más complejo. En general hay un estándar promedio.

¿Se ha ido estandarizando el criterio?
Sí. Aunque el concepto de duda razonable no está tan interiorizado en la sociedad. Cuando hay una duda sobre la participación, lo que corresponde es absolver. Incluso hemos planteado que cuando hay un juez con duda, ya hay duda razonable. La ley permite condenar con dos de tres jueces a favor.

Lo otro que llama mucho la atención es la cantidad de juicios que son anulados por la Corte de Apelaciones o la Suprema. Generalmente, son casos de alta notoriedad pública, como el ejecutivo del Banco Central acusado de violación o la médico puertomontina acusada de intentar envenenar a su hijo…
Si se recurre  a nulidad, se busca determinar si la argumentación de los jueces fue la adecuada. Si la opinión de los jueces no se basa en pruebas, sino en especulaciones, se puede anular el juicio y se tiene que volver a hacer.

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