Sala de Prensa

15/10/2013

Defensoría: 55% de los condenados cumple pena en libertad (*)

Desde la entidad aseguran que las 9 mil 158 personas que accedieron a este beneficio -entre enero y agosto- no tenían antecedentes. El análisis realizado destaca, además, que 13 mil 704 personas quedaron sujetas a prisión preventiva (5,9 por ciento).

(*): El siguiente reportaje, escrito por los periodistas Sebastián Labrín y Felipe Díaz, fue publicado hoy en el diario La Tercera.

Un total de 9 mil 158 imputados, que representan el 55,1 por ciento de los condenados en los primeros ocho meses del año, obtuvieron algún tipo de beneficio carcelario, que se tradujo en cumplimiento de su sentencia en libertad.

Así lo revela el segundo informe cuatrimestral elaborado por la Defensoría Penal Pública, que analizó la totalidad de las causas que ingresaron a la entidad dependiente del Ministerio de Justicia.

De acuerdo con el reporte, de los 16 mil 627 casos que llegaron a un término judicial durante el período enero-agosto, a un total de 9 mil 158 condenados se les otorgó un beneficio. En contrapartida, 7 mil 469 (44,9 por ciento) sentencias establecieron que la pena debía cumplirse de manera efectiva en prisión.

Estas medidas se aplicaron en juicios orales, juicios abreviados (acuerdo entre la fiscalía y el imputado, cuya pena no excede los cinco años) y procedimientos simplificados (aplicado a delitos menores, con penas de hasta 540 días).

Para el Defensor Nacional, Georgy Schubert, a quienes “se les otorgan beneficios son personas que, en general, no tienen antecedentes penales. Una persona con antecedentes anteriores ya no puede optar a la remisión condicional de la pena, y, eventualmente, a la libertad vigilada”, explicó.

La máxima autoridad de la Defensoría Penal agregó que, “por lo general, las personas con condena sólo pueden
aspirar al beneficio de la remisión (SIC, debe decir reclusión) nocturna”. Según el análisis de Schubert, “quienes acceden a beneficios, es porque estamos frente a personas que, obviamente, están siendo condenadas por primera vez”.

El presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, dijo que “muchos jueces están haciendo aplicación de la Ley 20.603, que extendió el ámbito de los beneficios a personas que antes no tenían este privilegio, por lo cual era esperable que gente siendo condenada accediera a éstos”.

Esa ley establece nuevas alternativas al cumplimiento de las penas en la cárcel y tuvo como fin descongestionar los penales. Se establece en ella medidas como la expulsión en el caso de los extranjeros y la reclusión parcial, entre otras medidas.

El fiscal Uribe añadió que “la Defensoría se refiere a todas las condenas, que incluye los procedimientos simplificados, donde lo que hay son penas bastante bajas que están en el rango de beneficios alternativos”.

El informe, además, analizó 232 mil 146 causas representadas por la Defensoría que pasaron por un tribunal en los primeros ocho meses. De ese número, asegura el documento, 218 mil 442 casos (94,1 por ciento) fueron formalizados y el imputado quedó en libertad. En contraparte, 13 mil 704 personas (5,9 por ciento) quedaron en prisión preventiva.

“Las regiones que sobresalen por un mayor porcentaje de prisión preventiva son Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta”, dice el informe de la Defensoría.

Las detenciones ilegales (arresto que no cumple con los requisitos y supone abuso de autoridad) llegaron a 2 mil 153 casos (16 por ciento). El universo de causas detalla que 94 mil 584 detenidos entre mayo y agosto eran adultos y, asimismo, 9 mil 179 eran menores de edad. De ellos, 7 mil 92 tenían entre 16 y 17 años y 2 mil 87 entre 14 y 15 años.

En el caso de los adolescentes detenidos, “el 77,3 por ciento corresponde a menores de entre 16 y 17 años, mientras que el 22,7 por ciento corresponde a menores entre 14 y 15 años”. Los delitos más comunes que atendió la Defensoría fueron las lesiones (53 mil 279 casos), los delitos contra las personas (33 mil 636) en los que están las amenazas, violación de morada y tormentos. Asimismo, los hurtos llegaron a 30 mil 975 causas en el período enero-agosto.

En el mismo lapso, la entidad defendió a 4 mil 554 personas de la etnia indígena. Al respecto, el análisis destaca que “se observa la clara tendencia del perfil indígena a delitos de lesiones (25,7 por ciento), seguido de delitos contra la libertad e intimidad de las personas (17,6 por ciento) y delitos Ley de Tránsito (15,9 por ciento)”. La entidad, también, representó a 3 mil 488 extranjeros requeridos por la justicia.

EXPERTOS EXPLICAN ESTA TENDENCIA
1. Colaboración en los procesos
Lucía Dammert, experta en seguridad ciudadana de la Universidad de Santiago, indicó que una de las hipótesis que se pueden aplicar al número de beneficios es que  “la mayoría de los hechos que se terminaron condenando son aquellos que tienen imputado conocido, que fueron encontrados en actos de flagrancia. Entonces, probablemente, estos detenidos que estaban en esa situación tienen algún tipo de participación positiva en el proceso, o se declaran culpables o colaboran, cosas de ese estilo, que hacen que tengan algún tipo de beneficio”.

2. Delitos de baja gravedad
Los especialistas indicaron que otra de las explicaciones de esta tendencia es que, en Chile, la mayoría de los casos son por delitos de baja gravedad. Eso explica también que  en el 5 por ciento de las causas se dictó la prisión preventiva. Al respecto, Lucía Dammert indicó que “está muy vinculado al tipo de delito que ocurre en el país. Acá la mayoría de los delitos, donde hay imputado conocido, son de carácter leves. O sea, de uso de violencia menor o delitos donde el imputado es un principiante. Es muy probable que esas dos condicionantes hacen que no sea necesario aplicar la prisión preventiva”.

3. “Sinceridad del sistema”
El diputado DC Jorge Burgos indicó que “creo que el sistema procesal penal vigente en Chile contempla las salidas alternativas. En consecuencia, es un rasgo del funcionamiento del sistema y está más sincerado, porque antes en el viejo sistema estas cosas estaban encubiertas bajo los términos sobreseimientos temporales o definitivos”. En tanto que el senador RN Alberto Espina dijo que era importante “considerar la naturaleza del delito y la calidad de reincidente del delincuente (…) En la comisión de Constitución voy a pedir que se nos diga los beneficios que se otorgaron a los condenados por delitos graves. Esa es la cifra que importa saber”.

Por Sebastián Labrín y Felipe Díaz,
diario La Tercera.

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