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Doce años de defensa penal pública en Atacama

15/10/2013

Columna de opinión:

Doce años de defensa penal pública en Atacama

El siguiente artículo fue redactado por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma.

El 16 de octubre de 2001, a las 00:00 horas, entró en vigencia la reforma procesal penal en la región de Atacama, como parte de la segunda fase de la instalación del nuevo sistema procesal penal en nuestro país. Junto con la instalación formal de la reforma procesal en la región, nuevos actores e instituciones comenzaron a ser parte de la justicia penal: los tribunales de garantía, el tribunal de juicio oral en lo penal, la Fiscalía y, por supuesto, la Defensoría Penal Pública.

En aquel 2001 la Defensoría tuvo sólo 160 causas, pasando a mil 894 durante 2002. Hoy, la Defensoría tiene un ingreso que, en los últimos años, gira en torno a las 7 mil 500 causas, tramitadas por 15 defensores penales públicos (institucionales, licitados, convenios directos y juveniles).

Somos una institución que ha crecido en la región, por donde han pasado muchos profesionales de gran valor y que hoy se mantiene con defensores y funcionarios profundamente comprometidos con la defensa penal pública y con el respeto a los derechos de las personas.

Si uno tuviera que hacer un balance rápido de estos doce años podría decir, primero que todo, que dimos un salto enorme en lo que a una justicia moderna se refiere, pasando de un sistema donde la defensa era ejercida por egresados de derecho -y donde los procesos duraban años en un secretismo y falta de transparencia que no aseguraban los derechos mínimos a las personas procesadas-, a un sistema oral bajo el escrutinio social y con una defensa técnica que debe cumplir con altos estándares de calidad y que está permanentemente abierta a la comunidad, en pos de una mejora de su servicio. Sin duda, el saldo final no puede ser sino positivo.

En 2013, formamos parte de una institución que a partir de cero supo hacer las cosas bien, con mística, eficiencia y sentido de justicia, logrando convertirse en un organismo estatal que, en cada región del país, está íntimamente vinculado a la protección y defensa de las personas más vulnerables, brindando una atención oportuna y profesional para todos aquellos que necesitan ser defendidos en un proceso penal, una instancia vital compleja para cualquier individuo.

Por eso, hoy la Defensoría es una institución que es mirada con respeto por los demás intervinientes del sistema, por la academia y por la sociedad, y con especial atención por organismos internacionales y de defensa de los derechos humanos.

Si bien tenemos la sensación, en todos estos años, del deber cumplido para con nuestros usuarios y para con la comunidad atacameña, los numerosos desafíos que actualmente se nos plantean en una sociedad que ha cambiado rápidamente nos exigen redoblar las energías para, de esta manera, brindar una defensa cada vez mejor, que impida que inocentes sean privados de libertad y una defensa especializada ya no sólo respecto de los adolescentes, sino también una defensa penitenciaria para las personas condenadas, para los pueblos originarios, para las mujeres, para los migrantes y de esta manera robustecer la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia.

Como Defensoría Regional de Atacama queremos conmemorar estos doce años de defensa penal pública en nuestra región, porque estamos convencidos que, aún con los problemas que pueden existir o las críticas que de pronto injustamente se formulan al sistema en general, tenemos hoy una mejor defensa penal al servicio de los ciudadanos, más eficiente y profesionalmente adecuada.

Una defensa penal orientada hacia los derechos de la persona humana, protegiendo la libertad y dignidad de quienes son perseguidos penalmente y, por cierto, una defensa penal pública de cara a la comunidad, con las puertas abiertas para acoger a todo aquel que requiera un defensor o defensora, sin distinción de ningún tipo.

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