Sala de Prensa

17/10/2013

El Cuarto Tribunal Oral de Santiago condenó a los cuatro imputados por homicidio calificado

Piden rebajar a ocho años la pena de uno de los condenados por el homicidio de Daniel Zamudio

Karen Fernández argumentó colaboración sustancial, porque gracias a la información entregada por Raúl López -su defendido-, la Fiscalía pudo llegar a aprehender a todos los imputados.

Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.

En decisión unánime, los magistrados Juan Urrutia (presidente), Celia Catalán y Patricia Brundl condenaron hoy a los imputados Patricio Ahumada, Alejandro Angulo, Raúl López y Fabián Mora por el homicidio calificado del joven Daniel Zamudio.

El Cuarto Tribunal Oral de Santiago acogió así la tesis de la Fiscalía, en cuanto a que la brutal golpiza que le propinaron al joven en la noche del 2 de marzo y madrugada del 3 de marzo de 2012 fue la causante del  traumatismo y la hipoxia cerebral que en definitiva le provocaron la muerte.

Los cuatro imputados fueron condenados con la agravante de alevosía, porque por su estado de ebriedad, inferioridad numérica y menuda envergadura física, Daniel Zamudio estaba impedido de defenderse. A los imputados Ahumada, Angulo y López, además, se les dio por acreditado el ensañamiento como segunda agravante.

REBAJA DE PENA
Conocido el fallo condenatorio, el fiscal del caso, Ernesto Vásquez, pidió para Ahumada la pena de presidio perpetuo simple, fundado en su rol protagónico en el delito y el hecho de que no tiene atenuantes, pues, por el contrario, registra cinco condenas anteriores, incluidas una por robo con violencia y dos por robo con intimidación.

Para Angulo, de quien dijo actuó "con especial ensañamiento", pero respecto del cual concurre la atenuante de irreprochable conducta anterior, pidió 15 años de presidio. Para López, a quien el tribunal le reconoció colaboración sustancial, solicitó también 15 años de presidio, dado que tenía tres condenas anteriores, dos de ellas por robo con violencia. Para Fabián Mora, en tanto, a quien se le reconoció irreprochable conducta previa y colaboración sustancial, la fiscalía pidió 8 años de presidio.

En su réplica, la defensora pública Karen Fernández pidió al tribunal dar una especial valoración a la colaboración sustancial de su representado, Raúl López. Subrayó que él colaboró desde el principio de la investigación, entregando antecedentes claves para la fiscalía.

Destacó que -a diferencia de Ahumada y Angulo-, López reconoció su participación en el crimen, identificó a los demás involucrados y describió el rol jugado por cada uno de ellos en los hechos. Afirmó también que gracias a su testimonio la policía logró llegar al cuarto imputado, Fabián Mora, ya que él no era parte del grupo de amigos y ningún otro testigo lo identificó.

Por todo lo anterior, solicitó al tribunal que rebajara la pena en un grado, para fijarla en 8 años de presidio.

OTRAS PETICIONES
Néstor Pérez, defensor público de Ahumada, pidió que se reconociera la colaboración que prestó su defendido al entregar voluntariamente su celular, lo que permitió determinar su ubicación al momento del crimen por el registro de las antenas  y conocer su tráfico de llamadas. Por eso pidió que se le aplicara el mínimo de la pena de presidio mayor, que asciende a 10 años y un día.

Maria Belén Iribarren, defensora pública de Alejandro Angulo, destacó la intachable conducta anterior de su defendido y se sumó al argumento de colaboración por la entrega voluntaria que el imputado hizo de su celular. Solicitó al tribunal que se le decrete una pena de 6 años o, en subsidio, de 10 años y un día.

Finalmente, Carlos Quezada, abogador particular de Fabián Mora, resaltó que por las dos atenuantes que lo favorecen –irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial- solicitó una pena de cinco años, lo que permite al tribunal otorgarle el beneficio de la libertad vigilada. En subsidio, pidió la pena de cinco años y un día.

Los defensores penales públicos coincidieron en que esperarán conocer el texto completo de la sentencia, que se dará a conocer el 28 de octubre, para decidir si se interpondrán o no recursos ante los tribunales superiores.

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