Sala de Prensa

13/12/2013

Intervinientes del proceso penal se constituyeron a 3 mil 500 metros sobre el nivel del mar

Audiencia judicial realizada en Socaire concluyó con un acuerdo reparatorio

Gestiones de la Defensora Regional de Antofagasta permitieron constituir al tribunal en el poblado y resolver un caso en que un imputado había sido acusado de incendio. La audiencia se resolvió con una salida alternativa.

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

Gracias al esfuerzo de los defensores públicos Marcelo Encina y Hernán Díaz, además de la facilitadora intercultural Marioli Lique, la justicia penal se acercó a la comunidad indígena de Socaire. En una inédita audiencia judicial, se reunieron en la sede social de dicho poblado todos los intervinientes del sistema penal, para celebrar allí una audiencia de acuerdo reparatorio en la que se puso fin a un pleito penal originado en una quema realizada el 24 de junio de 2013, en el marco del año nuevo indígena.

La defensa pública del único imputado sostuvo que dicha acción se enmarcó en una costumbre ancestral, lo que fue avalado por un peritaje antropológico elaborado por la antropóloga Cristina Garrido Contreras, académica de la Universidad Católica del Norte (UCN), con domicilio en San Pedro de Atacama.

Socaire es una localidad prácticamente aislada de los centros urbanos de la región de Antofagasta, dado que su ubicación geográfica lo sitúa como el último pueblo chileno en la ruta hacia Argentina, a través del paso de Sico.

Sus 400 habitantes aproximados cultivan árboles frutales y cosechan algunos productos, que les permiten autoabastecerse. Entre esos vecinos se cuentan los protagonistas de este conflicto penal, que generó la inédita constitución de un tribunal de garantía en el pueblo.

QUEMA DE PASTIZALES
En  junio pasado, un joven realizó una quema de pastizales cercanos a la parcela de la afectada. Por circunstancias climáticas y mal manejo de la quema, el fuego se propagó a la propiedad aledaña. Al darse cuenta, todos los involucrados alertaron a los vecinos, junto a quienes lograron aplacar las llamas.

El resultado dejó un total de diez fardos quemados. Frente a ello y en compañía de los testigos, la víctima denunció el hecho y el joven fue formalizado por el delito de incendio, fijándose un plazo de investigación de 40 días.

Tras las indagaciones y conforme se establecieron las circunstancias del hecho, el defensor público Marcelo Encina coordinó una salida alternativa con el fiscal del caso y solicitaron al tribunal una audiencia de acuerdo reparatorio.

Esta salida procesal llegaría a constituir un hecho relevante para la marcha del sistema de enjuiciamiento criminal en esta zona del país, dado que implicó una serie de gestiones de la defensa para poder llevar a cabo el procedimiento en la localidad misma en que ocurrieron los hechos.

CORTE DE APELACIONES
La primera gestión para materializar esta inédita audiencia correspondió a la Defensora Regional, Loreto Flores, quien se reunió con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Laura Soto, para solicitarle la constitución del tribunal de garantía en Socaire.

Ello, porque “reviste una gran importancia para todos los intervinientes llegar hasta los puntos más alejados de la geografía de nuestro país, para acercar la justicia a las personas. Es un desafío para todos quienes formamos parte del sistema materializar la aplicación del derecho en todos los ámbitos de la vida cotidiana de la gente. De allí la importancia que reviste que las audiencias se desarrollen también en el lugar mismo en que viven las personas”, destacó Loreto Flores.

Una vez aprobada la solicitud, se iniciaron las gestiones con los vecinos de Socaire, a través de la facilitadora intercultural Marioli Lique, quien coordinó con los encargados de la comunidad la habilitación de un espacio adecuado para la llegada de los defensores públicos, el fiscal y el magistrado.

PARTICIPACIÓN VECINAL
Allí, en medio de un poblado tan pequeño, ubicado a 3 mil 500 metros sobre el nivel del mar, se constituyeron en la sede social el juez de garantía de Calama, José Luis Ayala, el fiscal Víctor Ravello y el defensor público Marcelo Encina. Además, estuvieron presentes en la audiencia la Defensora Regional, el defensor local de Calama, Hernán Díaz, además de los representantes de la comunidad y un número importante de vecinos.

Luego de iniciada la audiencia, el acuerdo reparatorio se concretó con el pago de 300 mil pesos del imputado a la afectada, la mitad de los cuales fueron entregados en el mismo acto, mientras que el resto se lo hará llegar en 30 días, a través del encargado de la comunidad.

La salida alternativa aprobada por el tribunal calameño constituye no sólo un nuevo paso en el acercamiento de la justicia penal a la comunidad, sino también una demostración de que hechos amparados en costumbres indígenas reciben un trato diferenciado, mediante la aplicación de la normativa nacional e internacional vigente en Chile. 

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