Sala de Prensa

07/01/2014

Víctimas e Imputados

Migrantes representan el 0,7% del total nacional del sistema de justicia

Autoridades de la Defensoría y Fscalía encabezaron el primer balance de la "Mesa Interinstitucional de Acceso de Migrantes a la Justicia Penal", la cual dio cuenta de la realidad de los extranjeros en el sistema procesal penal chileno.

El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, y el Defensor Nacional, Georgy Schubert, encabezaron el primer balance de la "Mesa Interinstitucional de Acceso de Migrantes a la Justicia Penal", la cual dio cuenta de la realidad de los extranjeros en el sistema procesal penal chileno a través de inéditas cifras estadísticas, donde víctimas e imputados foráneos representan el 0,7% del total nacional.

En la oportunidad se precisó que el universo contempla casos con víctimas e imputados extranjeros ingresados entre julio y noviembre de 2013. En ese periodo, se observó un total de 2.784 detenidos y 2.061 víctimas, los que en su conjunto representan el 0,7% respecto del total nacional. De ellos, el 61% son hombres y el 39% son mujeres.

Entre los delitos de mayor ocurrencia en que ese ven involucrados inmigrantes, se encuentran los delitos contra la propiedad (39%), Otros delitos (20%), contra la Ley de Extranjería (12%), lesiones (11%), tráfico de drogas (10%) y violencia intrafamiliar (7%).

Las zonas geográficas que concentran el mayor número de extranjeros en el sistema de justicia penal, son la Región Metropolitana (27%), Tarapacá (24%), Arica y Parinacota (23%), Antofagasta (8%) y Valparaíso (6%).

De las nacionalidades que más solicitan asistencia consular, se observa a ciudadanos de Bolivia (37%), Perú (24%), Colombia (20%) y Argentina (6%). La edad promedio de quienes hacen uso de este derecho se concentra mayoritariamente entre los 30 y los 59 años (52%), siendo el nivel educacional de Enseñanza Media el más común entre este grupo.

La ceremonia contó además con la participación de directivos de la Defensoría Nacional, como la jefa de Estudios y Proyectos, Francisca Werth y de los defensores regionales Claudio Gálvez (Arica y Parinacota) , Marco Montero (Tarapacá) , Loreto Flores (Antofagasta), Claudio Pérez (Valparaíso)  Leonardo Moreno (Metropolitana Norte) y Viviana Castel (Metropolitana Sur), todas estas regiones que concentra la atención  de usuarios extranjeros.

Al término de la ceremonia el Defensor Nacional se refirió a la labor que cumple la institución en esta mesa de trabajo, donde si bien “la cantidad de personas extranjeras en el sistema de justicia criminal no es mucha, contrariamente a los que algunos piensan, ni como imputado ni como victima, tenemos que acceder a ellos por los compromisos que tiene Chile, por los tratados internacionales, pero por sobretodo porque creemos en la dignidad de esas personas y que es  necesario atender a estas personas como si fueran chilenos”.

Georgy Schubert recordó que existen áreas donde no son necesarios recursos adicionales, pero impactan tremendamente en el trabajo diario, como es el caso de los intérpretes no sólo para los migrantes, sino incluso para los usuarios de los pueblos originarios, ya sea como víctima o imputado.

PROYECTO DE ACCESO DE MIGRANTES A LA JUSTICIA

El Proyecto sobre Acceso de Migrantes a la Justicia Penal -que integra la fiscalía, defensoría, el Gobierno, Carabineros, PDI y el Instituto Nacional de Derechos Humanos- nació de la necesidad del conjunto de instituciones que convergen en el sistema de justicia penal de mejorar las condiciones de los migrantes como grupo vulnerable. Con el fin de superar los diversos obstáculos a los cuales se ven enfrentados, fueron desarrollados diversos instrumentos cuyo objetivo es uniformar y facilitar la información proporcionada a extranjeros –víctimas o imputados- involucrados en el sistema de justicia criminal.

Durante el trabajo de la mesa, se realizó la traducción a cinco idiomas y tres lenguas originarias de los derechos de las víctimas y detenidos y la creación de un acta de asistencia consular para extranjeros.

Los derechos de víctimas e imputados están disponibles en inglés, francés, alemán, portugués y chino mandarín, y en las lenguas originarias quechua, aymara y guaraní, los que además incorporaron el derecho a la asistencia consular.

A su vez se implementó una nueva acta de lectura de derechos del detenido –traducidos a los mismos idiomas-, y un sistema de comunicación directo entre las policías y el Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso de existir un extranjero, víctima o imputado.

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