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20/03/2024

Fue fornalizada por sustitución de identidad en Rancagua

Coordinación entre Defensorías de Tarapacá y O'Higgins permitió conseguir traductora en quechua para imputada ecuatoriana

La mujer, que llegó a Chile hace cinco meses, entendía poco el castellano, por lo que su defensora pública solicitó intérprete en su lengua de origen.

Por Andrea Contreras Márquez,
Defensoría Regional de O'Higgins.

El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza que toda persona que enfrente un proceso judicial y no hable o entienda plenamente el idioma en el que se está realizando la respectiva audiencia tiene derecho a ser asistida gratuitamente por un traductor.

Precisamente este fue el argumento para que la defensora pública Romina Jorquera, dependiente de la Defensoría Regional de O'Higgins, solicitara al Tribunal de Garantía de Rancagua un receso, a la espera de que su representada fuera asistida por una intérprete de la lengua quechua, que pudiera mediar entre los intervinientes y la imputada, de origen ecuatoriano y quien hace cinco meses había llegado a Chile para trabajar y encontrar nuevas oportunidades para su familia.

Gracias a las coordinaciones entre la unidades de Estudios de las Defensorías Regionales de Tarapacá y O'Higgins, en menos de un par de horas la facilitadora intercultural de Iquique, Aydée López, pudo ponerse en contacto con el equipo institucional y asistir a la mujer, quien estaba muy angustiada por sentir que no podía explicar la situación que provocó su detención.

LA FORMALIZACIÓN
En efecto, la formalizacion se realizó por el delito de sustitución de identidad pues, según el Ministerio Público, al ser requerida para un control de identidad, la ciudadana ecuatriana habría entregado un carnet chileno que no le pertenecía, tratando de hacerse pasar por la verdadera dueña del documento.

Sin embargo, y garacias a la intermediación de la intérprete, la defensora pública pudo entender que su representada llevaba consigo un carnet que su hija de 5 años había encontrado en la calle, y que fue el documento que ella entregó a la policía, no obstante que nunca señaló la identidad del documento como propia.

Gracias a la traducción, el juez de garantía entendió el contexto de la situación y sólo decretó la medida cautelar de arraigo nacional y un plazo de 60 días de investigación.

 

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