Sala de Prensa

13/01/2014

Con apoyo de profesionales de Gendarmería

Defensores públicos de Atacama se capacitan en aspectos operativos de la Ley 20.603

La actividad fue encabezada por la jefa del Centro de Reinserción Social de Copiapó, Patricia Plaza; la jefa técnica del recinto, Abigail Bruna, y la supervisora técnica de libertad vigilada, Vanessa Rojas.

Por Claudia Jiménez C.,
Defensoría Regional de Atacama.

El pasado miércoles 8 de enero se llevó a cabo en Copiapó una reunión informativa sobre la entrada en vigencia de la Ley 20.603, que modifica la Ley 18.216 sobre medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, que fue convocada por el jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Atacama, Renato Gonzále.

El encuentro, efectuado en la sala de reuniones de la DPP en Copiapó, contó con el apoyo de profesionales de Gendarmería de Chile y en él participaron defensores institucionales, licitados, asistentes y funcionarios de la Defensoría Regional.

Las profesionales del Centro de Reinserción Social (CRS) de Copiapó expusieron sobre las diferentes penas sustitutivas contempladas en la ley, como libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, reclusión parcial, prestación de servicios y monitoreo telemático, entre otras.

Ello, con la intención de aportar al conocimiento de los aspectos técnicos y procedimentales que utilizarán los operadores del subsistema administrativo de control y monitoreo de estas penas sustitutivas, luego de que sean decretadas por los tribunales. Asimismo respondieron las numerosas preguntas de los asistentes.

La Jefa del CRS, Patricia Plaza, explicó que “la importancia de este tipo de acciones reside en la coordinación que debe existir entre el tribunal, los defensores públicos y los distintos CRS de la Región de Atacama. Es necesario que los jueces y defensores sepan cómo funcionan el sistema informático, las medidas sustitutivas, los tipos de delitos que pueden ingresar a cada una de las medidas sustitutivas y también cómo es la operatividad del sistema”.

OPERATIVIDAD
El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma, manifestó que “ya conocida la normativa de la Ley 20.603 y sus aspectos jurídicos, es de crucial relevancia que los defensores accedan a la operatividad del subsistema de control de estas penas, ya que al no existir un juez de ejecución, los operadores y el control tecnocrático van a ser determinantes a la hora de definir la sustancialidad y efectividad de estas sanciones y su gestión”.

El nuevo sistema de penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad que establece la Ley 20.603 constituye un cambio de paradigma en materia de ejecución de penas para adultos infractores de ley penal, pues junto con el fin resocializador, comenzará a convivir con éste -de manera protagónica- un modelo de riesgo que tiene como finalidad gestionar el riesgo de reincidencia de los infractores.

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