Sala de Prensa

14/03/2014

Responsabilidades en la reinserción de los privados de libertad

Columna de opinión del Defensor Regional de Aysén, publicada en El Diario de esa ciudad.

Por Fernando Acuña Gutiérrez ,
Defensor Regional de Aysén.

Esta semana asistimos al ejercicio de transmisión de mando de  autoridades de un gobierno a otro, contentos y felices por participar en el ejercicio de la democracia, en lo que significa un cambio de miradas entre personas que, claramente, quieren lo mejor para nuestra Patagonia.

Más allá de lo que este hecho pueda significar en términos políticos, quisiera hoy destacar que cualquier gobierno en ejercicio, como también todos los servidores públicos, tenemos la responsabilidad social de dedicar esfuerzos y recursos para la rehabilitación y reinserción social de aquellas personas que han sido condenadas por un delito o crimen.

Por nuestra experiencia, podemos asegurar que la mayoría de los delitos son cometidos por personas cuyo pasado refleja una continuidad de vulneración, no pocas veces una vida de privaciones y marginación, deficiente escolaridad y oportunidades de estudio, violencia en el hogar o en el entorno, entre otras complejas situaciones.

De manera que si como sociedad no logramos manejar eficientemente este problema desde la infancia y adolescencia de una persona, tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de sus consecuencias, aunque para ello es indispensable contar con políticas públicas en tal sentido.

No basta sólo con empatizar con quienes viven este problema, tampoco con acordarse un par de veces al año que Chile tiene el triste récor de tener  uno de los mayores índices en del mundo de personas encarceladas y que ocho de cada diez presos, son hijos de presos.

El problema debe atacarse en sus causas, como también en sus efectos. Para ello no basta con esfuerzos personales y aislados y, ciertamente, no es el rol único de Gendarmería, que tampoco cuenta con los recursos suficientes para abordar por sí sola la reinserción y rehabilitación de las personas condenadas bajo su custodia.

Se necesita un real compromiso del Gobierno, de los parlamentarios y de la sociedad en su conjunto, incluyendo las empresas privadas, para generar espacios y oportunidades para superar las desigualdades, como también para que las personas afectadas por el círculo del delito, víctimas y condenados, puedan rehacer sus vidas.

En lo que a condenados se refiere, se debe dedicar un esfuerzo especial para entender la realidad, superar el ánimo de venganza y construir esta sociedad nueva sin barrotes. Así hemos de procurarles el desarrollo de herramientas que les permitan salir del círculo de la delincuencia, como por ejemplo aprender un oficio, terminar sus estudios, aprender habilidades sociales y familiares y, en definitiva, crecer como personas.

Nos guste o no, quienes hoy están en prisión saldrán a la vida en libertad en corto, mediano o largo plazo y es de esperar que cuando eso ocurra puedan vivir –no sobrevivir– dignamente y sin infringir la ley.

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