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Con abogados y jueces alternos comenzó nuevo juicio oral en el 'caso muebles'

31/03/2014

Este lunes, en Iquique, fue la primera de las audiencias, que terminarían recién en tres meses más.

Con abogados y jueces alternos comenzó nuevo juicio oral en el 'caso muebles'

La Defensoría Penal Pública representa a 7 de los 12 imputados, la mayoría de los cuales ya había sido absuelto en un juicio oral anterior, realizado en 2013 y anulado poco después por la Corte de Apelaciones de Iquique.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.

Con la acreditación de jueces, defensores, fiscales y abogados querellantes alternos partió ayer el nuevo juicio oral del llamado 'caso muebles', en la Región de Tarapacá, que examinará las acusaciones sobre diversos delitos de corrupción pública que se habrían cometido entre 2007 y 2008.

Sobre estas materias ya hubo un juicio oral el año pasado, oportunidad en que se absolvió a 10 de los 12 acusados, entre quienes figura una jueza de policía local que antes fue diputada y también intendenta regional.

El veredicto del primer juicio se pronunció en junio del año pasado, siete meses después de iniciarse, pero el Ministerio Público recurrió de nulidad y en octubre la Corte de Apelaciones de Iquique lo acogió, por lo que el nuevo proceso debió programarse para este año. En esta oportunidad, seis abogados de la Defensoría Penal Pública tienen a cargo la representación de siete imputados.

Este lunes 31 de marzo, el juez presidente del tribunal, Rodrigo Vega Azócar, dio por iniciada la audiencia a las 8:45 horas, para enseguida anunciar que se suspendería el juicio por una semana, debido a que uno de los magistrados, Felipe Ortiz de Zárate Fernández, debía ausentarse para asistir a un curso en Santiago.

Tal medida fue anulada rato después y el tribunal anunció que hoy se retomarían las sesiones, en las que participan también la magistrada Loreto Jara Peña y el juez alterno Carlos Cosma Inojosa. Siguiendo la misma precaución, los demás intervinientes también acreditaron a profesionales alternos, a fin de minimizar las posibilidades de suspender el juicio por la ausencia de algún abogado.

DUPLAS DE DEFENSORES
Por la Defensoría Regional de Tarapacá trabajan las duplas formadas por los abogados Sergio Vilca y Marcelo Lara; Bárbara Chandía y Alejandra Gálvez; Paulina Avila y David Alvarez. Ellos representan a quienes se desempeñaban como funcionarios municipales, ministeriales o del gobierno regional cuando ocurrieron los hechos investigados.

“Los defensores penales públicos estamos bastante bien preparados, pues llevamos un largo tiempo revisando los antecedentes. Incluso últimamente se nos dispensó de parte de nuestro trabajo habitual para dedicarnos intensivamente a lo que será un largo juicio”, planteó Marcelo Lara Pol, defensor local jefe de Iquique.

El directivo explicó también que para esta oportunidad todas las partes han tomado diversas medidas para terminar el proceso en menos tiempo que los más de 7 meses que duró el primer juicio, en lo que cabe la designación de profesionales alternos y las sesiones vespertinas que se desarrollarán.

ORIGEN DEL CASO
El 'caso muebles' surgió tras una investigación que cuestionó la licitación pública de tres proyectos financiados por el gobierno regional de Tarapacá. La acusación estimó, en el primer juicio oral, que la suma defraudada suma más de mil 300 millones de pesos, especificando que los delitos presentes serían falsificación de instrumento público, falsificación de instrumento privado, estafa, cohecho, contrabando, delitos tributarios, asociación ilícita para cometer delitos de corrupción pública y lavado de activos.

El Ministerio Público presentó las primeras imputaciones en marzo de 2011, periodo en el cual se detuvo a diversos personeros del gobierno regional de Tarapacá, de las municipalidades de Arica e Iquique, además de empresarios y profesionales locales. Ahora, como en el juicio anterior, junto a la Fiscalía comparecen como querellantes el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas y la oficina del diputado Hugo Gutiérrez.

El Defensor Regional de Tarapacá, Marco Montero, resaltó las singularidades de este caso, que en su primer juicio contempló la participación de más de cien testigos. “Conforme a su misión, la Defensoría Regional adoptó oportunamente las medidas necesarias para garantizar, en este caso como en todos los demás que atendemos, una defensa penal que cumpla con los estándares de calidad, brindando a nuestros usuarios la mejor defensa”.

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