Sala de Prensa

14/04/2014

Se intensificaron las visitas a los internos del penal de Alto Hospicio, que concentra a la población penal de la zona.

Defensoría Regional acentuó atención a internos de cárceles tras emergencias en Iquique

El cuidado de la segregación que debe mantenerse entre imputados y condenados, entre otras garantías legales, está entre los temas revisados por los defensores de la institución.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.

Un intenso trabajo para velar por las garantías de sus usuarios han desplegado los funcionarios de la Defensoría Regional de Tarapacá tras las emergencias provocadas en Iquique por los recientes terremotos que afectaron al norte del país.

“Nuestro equipo está cumpliendo día a día las diversas obligaciones que tiene respecto de las personas que son imputadas de delitos, que están sometidas a investigación o que están cumpliendo condenas en el penal de la región”, aseguró Marco Montero, Defensor Regional de esta zona del país.

El directivo detalló que en ningún momento los defensores públicos dejaron de acudir a todas las audiencias convocadas en tribunales y a las gestiones que deben efectuar en recintos penitenciarios, incluyendo las que debían retomarse el miércoles 2 de abril, pocas horas después del primer terremoto.

Posteriormente, los defensores intensificaron sus visitas a los usuarios en prisión preventiva y a los que ya cumplen condena, levantando un catastro sobre el cumplimiento de las garantías legales que los protegen, aún en momentos de emergencia.

VISITAS DE CÁRCELES
En esa dinámica y pocas horas después de los sismos, representantes de la Defensoría visitaron el Centro de Internación Provisoria (CIP) de Iquique, que mantiene a menores de edad; el Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino (CCPF) , que fue evacuado la noche del martes 1 de abril; el penal de Pozo Almonte, desocupado el viernes 3 y el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio.

A este último recinto -que actualmente alberga a unas 2 mil 200 personas- han concurrido asiduamente los abogados y otros profesionales de la institución, incluyendo al propio Defensor Regional, para constatar las condiciones en que se mantienen los internos, tanto los habituales como los que fueron agregados en los últimos días, tras la desocupación de los penales de Iquique y Pozo Almonte.

“Respecto a lo observado, cada defensor ha formulado las alegaciones y ha ejercido las acciones legales correspondientes, velando porque se cumpla con la normativa vigente y, en particular, con la debida segregación que debe haber entre personas imputadas y condenadas”, explicó Marco Montero.

El Defensor Regional agregó que, durante este periodo de emergencia, se ha mantenido una fluida comunicación con Gendarmería, con cuyo director regional se ha entrevistado personalmente, al igual que con la mayoría de los jefes de distintos recintos penitenciarios.

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