Sala de Prensa

27/08/2014

Tras denuncia de la Defensoría Regional de O’Higgins

Golpiza en cárcel de Rancagua: suspenden a siete gendarmes y el INDH presenta querella

Además, y a menos de una semana de revelados los hechos -ocurridos en agosto del año pasado-, el Ministerio Público puso a tres fiscales a cargo de la investigación y solicitó colaboración a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.

Por Andrea Contreras Márquez,
Defensoría Regional de O'Higgins.

Con el fin de no obstaculizar la investigación, Gendarmería decidió suspender a los siete funcionarios que aparecen mencionados en el sumario que da cuenta de los actos de violencia cometidos contra los internos del módulo 41 de la cárcel de Rancagua.

Estos internos fueron violentamente golpeados el 3 de agosto de 2013, tras un fallido intento de fuga de otros dos reos. La mayoría de los funcionarios suspendidos cumplían aún funciones en el mismo recinto penal.

La decisión, informada esta mañana por el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, se habría basado en la solicitud del fiscal que lleva el sumario interno y no tendría carácter político.

QUERELLA
En otro ámbito de la misma noticia, abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpusieron hoy la querella criminal en contra todos aquellos que resulten responsables -en calidad de autores, cómplices o encubridores- del delito descrito y sancionado por el artículo 150 A del Código Penal, es decir tormentos o apremios ilegítimos aplicados por funcionarios públicos.

Aunque el escrito presentado señala que la agresión afectó al menos a siete internos debidamente individualizados, también deja claro que el número de víctimas deberá aumentar, conforme al registro audiovisual de los hechos.

La querella del INDH solicita algunas diligencias, como entrevistas a funcionarios de Gendarmería, revisión de algunos documentos y entrevistas a otros internos que pudieron ser víctimas o testigos de los hechos, ocurridos en el penal "La Gonzalina".

También se confirmó hoy que el Fiscal Regional de O’Higgins, Luis Toledo, dispuso que la investigación preferente de esta causa quedara a cargo de tres fiscales adjuntos, contexto en que se solicitó, además, la participación de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones  (PDI) para esclarecer las responsabilidades en estos hechos.

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