Sala de Prensa

03/09/2014

Ingresó con trámite de suma urgencia a comisiones de Constitución y Hacienda

Gobierno presentó proyecto que incorpora a 83 funcionarios de defensa penal adolescente

El mensaje presidencial enviado a la Cámara señala que la iniciativa permitirá que 50 defensores penales juveniles, 11 asistentes sociales y 22 asistentes administrativas pasen al régimen de contrata.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

Luego de que el Ministerio de Hacienda aprobara el respectivo informe financiero y tal como lo anunció el ex Defensor Nacional, Georgy Schubert, pocos días antes de dejar su cargo la semana pasada, el gobierno ingresó ayer a trámite en la Cámara de Diputados el esperado proyecto de ley que perfecciona la Ley N° 19.718 de la Defensoría Penal Pública, aumentando en 83 cargos la dotación máxima de personal institucional autorizado por la ley.

Ello permitirá que los 50 defensores penales juveniles, 11 asistentes sociales y 22 asistentes administrativas responsables del modelo especializado de defensa penal pública adolescente -que hasta ahora trabajaban a honorarios- pasen a la modalidad de contrata, con todos los beneficios que ello conlleva.

Aunque el mensaje presidencial del proyecto (N° 358-362) fue enviado al presidente de la Cámara el 7 de agosto pasado, ayer fue remitida bajo el estatus de suma urgencia a las comisiones parlamentarias de Constitución y de Hacienda, respectivamente, donde la iniciativa iniciará su primer trámite legislativo.

NECESIDAD PERMANENTE
Reconociendo una necesidad que la Defensoría planteó desde el momento mismo de vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), la iniciativa legislativa del Ejecutivo se hace cargo de una deficiencia del sistema y “propone una vía de solución para alcanzar una institucionalización de la defensa penal especializada en adolescentes en el país, de manera de contar con una dotación especial de defensores públicos que presten sus servicios en el contexto de las exigencias de la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal”, señala el mensaje.

El documento ingresado a la Cámara indica que el objetivo es dotar a la DPP de una provisión permanente y oportuna de defensa penal especializada de adolescentes, área que tiene “una serie de condiciones particulares que elevan el estándar respecto de los adultos”, por lo que se busca “contar no sólo con abogados defensores capacitados y exclusivamente dedicados a atender a este grupo, sino que también con un equipo formado por asistentes sociales y asistentes administrativos”.

Según La Moneda, esta solución legislativa permitirá que, en adelante, “se pueda ir cubriendo la demanda de atención –para lo cual podrá continuarse con el modelo mixto actualmente existente en la Defensoría Penal Pública- y asegurar que la dotación que se sume sea efectivamente dedicada a la atención exclusiva de los adolescentes infractores de ley, para así conseguir un estándar óptimo de defensa penal juvenil”.

El mensaje presidencial agrega que, hasta ahora, la Defensoría “ha asumido decididamente” la mantención de este modelo y de los profesionales que lo integran a través de un programa piloto que permitió contratar a estos funcionarios bajo el sistema de honorarios para atender la demanda de defensa penal juvenil, “el que ha sido financiado desde el año 2006 mediante una reasignación presupuestaria”.

“De esta manera, al haber transcurrido más de cinco años desde el inicio de este piloto, es posible y necesario definir el modelo de servicio definitivo respecto de la defensa penal de los adolescentes, situación que se perfecciona a través del presente proyecto de ley”, asegura el proyecto.

DETALLES Y SATISFACCIÓN INSTITUCIONAL
En detalle, el proyecto modifica el inciso tercero del artículo 31 de la ley de la Defensoría, permitiendo así la incorporación de 50 defensores locales que cumplirán funciones para la defensa penal de adolescentes.

También incorpora dos artículos transitorios: el primero incrementa en 83 cupos la dotación máxima de personal vigente en la institución y el segundo explica cómo se financiará el gasto extra que representará este cambio, calculado oficialmente en poco más de 719 millones de pesos anuales.

Al comentar este gran paso institucional, la Defensora Nacional (S), Viviana Castel, se mostró muy satisfecha por este avance, “que permitirá resolver definitivamente un tema que desde hace años generaba expectativa en la institución. Es una excelente noticia para la Defensoría, en general, y para nuestros funcionarios del programa de defensa penal de adolescentes, en particular. Ahora instaremos para que el trámite legislativo que resta ocurra lo más rápido posible, de manera que el proyecto sea ley antes de fin de año”, afirmó.

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