Sala de Prensa

17/10/2014

En seminario organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara

La Defensora Nacional (S) expuso sobre la situación penal de los migrantes en Chile

Viviana Castel explicó que “la obligación del Estado frente a los migrantes no se satisface con el mero respeto, que implica no incurrir en conductas discriminatorias; sino que debe garantizarles el pleno acceso, en igualdad de condiciones con los nacionales, a todos los derechos”.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

La Defensora Nacional  (S), Viviana Castel, participó recientemente en el seminario “Comunidad de migrantes de Chile: migración, políticas públicas y legalidad”,  organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en el salón de honor del ex Congreso Nacional, en Santiago.

El encuentro reunió a distintas autoridades -entre ellas el presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo- con diferentes expertos y representantes de instituciones que trabajan directamente con los migrantes, entre ellas la Defensoría.

Otros participantes fueron la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Villegas; los diputados Hugo Gutiérrez y Claudio Arrigada -de la mencionada comisión parlamentaria-, el investigador Patricio Rojas, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP); la asambleísta ecuatoriana Diana Peña, Oscar Canelo, presidente de la Organización de Dominicanos en Chile, y Rodolfo Noriega, presidente del Comité de Refugiados Peruanos en Chile, entre otros.

El objetivo fue no sólo revisar críticamente la legislación migratoria vigente en Chile y la necesidad de legislar sobre una nueva Ley de Extranjería y Migraciones -que reconozca las diversas dimensiones del creciente fenómeno de la inmigración extranjera en nuestro país-, sino que los problemas legales que enfrentan los extranjeros, el tema del tráfico de inmigrantes y la necesidad de reforzar las políticas públicas orientadas a su inserción, entre otros temas.

VISIÓN INSTITUCIONAL
En ese contexto, Viviana Castel expuso la visión institucional respecto de la situación de los inmigrantes ante la justicia chilena. En el mismo módulo intervino el jefe (S) del Departamento de Extranjería y Migración, quien se refirió a la situación jurídica de estas personas en el país.

Junto con explicar el contexto jurídico que obliga a todos los Estados a respetar los derechos humanos de los migrantes, incluso a través de normas internacionales suscritas por el país, la Defensora Nacional (S) aclaró que esta obligación no termina en el respeto formal de estas normas.

“La obligación del Estado frente a los migrantes no se satisface con el mero respeto, que implica no incurrir en conductas discriminatorias; sino que debe garantizarles el pleno acceso, en igualdad de condiciones con los nacionales, a todos los derechos”, señaló.

A partir de lo anterior, consideró que el ‘estatuto del extranjero’ en Chile no cumple con el estándar de legalidad, pues se encuentra regulado por el Decreto Ley 1.094 y su reglamento, vigentes desde 1975 y 1984, respectivamente, lo que explica las excesivas facultades que estas normas entregan al Ministerio del Interior, Policía Internacional o intendencias y gobernaciones respecto de los migrantes, sin que requieran autorización judicial previa.

“Formuladas bajo un régimen autoritario, (estas normas) están redactadas  en código de seguridad nacional, más que de los derechos. Esto explica por qué se le atribuyen a la autoridad facultades tan amplias y de control difuso”, señaló.

DEFENSA ESPECIALIZADA
Viviana Castel agregó que lo anterior explica la importancia del rol que ejercen los defensores penales públicos al representar penalmente a estas personas bajo un modelo de especialización, cumpliendo así con una obligación del Estado de Chile en un contexto en que aumentan las críticas de algunos sectores ante la presencia de ciudadanos de otros países en nuestro país.

Para desvirtuar, por ejemplo, la idea de que la participación de extranjeros en delitos ha aumentado, Castel explicó que de los 343 mil 555 imputados atendidos por la institución el año pasado, sólo 4 mil 796 (1,4 por ciento) eran extranjeros y que de ese total, el 39 por ciento eran mujeres, cifra muy superior al promedio nacional, en que sólo el 17 por ciento del total de imputados corresponde a mujeres. Agregó que también hubo 112 adolescentes extranjeros imputados, lo que representa el 2,34 por ciento del total de imputados de otros países.

En cuanto al tipo de delitos imputados a extranjeros, el 39 por ciento correspondió a delitos contra la propiedad (principalmente hurtos), el 20,7 por ciento a infracciones de la Ley N° 20.000 de Drogas, el 12 por ciento a delitos migratorios y el 11 por ciento a lesiones. Además, la incidencia de extranjeros en delitos sexuales fue de sólo 0,2 por ciento, mientras que en lo homicidios sumó sólo 0,1 por ciento. Las regiones con más atenciones a extranjeros fueron Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y ambas zonas de la Región Metropolitana.

La Defensora Nacional (S) enumeró una serie de problemas que enfrentan los migrantes en Chile, y que la Defensoría ha extraído de su participación en la “Mesa interinstitucional de acceso a la justicia de migrantes”, integrada además por los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores, Carabineros, la PDI, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Ministerio Público.

Entre otros, mencionó la expulsión administrativa de personas absueltas o con salidas alternativas, las facultades de retención de documentos que tiene la PDI, las atribuciones de la autoridad administrativa para decretar la expulsión de extranjeros incluso si éstos han cumplido una pena en Chile -lo que implica un doble castigo- y la ausencia de un mecanismo claro para materializar estas medidas, lo que ha implicado incluso privaciones ilegales de libertad a ciudadanos extranjeros, las que se han extendido por semanas.

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