Sala de Prensa

28/10/2014

Tras extenso juicio oral de cuatro meses y medio

Absolvieron a contador imputado en caso de detective que dirigía red de narcotráfico

Boris Escobar estuvo tres años en prisión preventiva siempre sostuvo su inocencia en los delitos de narcotráfico y asociación ilícita. La Defensoría Penal Pública debió asumir su representación poco antes del inicio del juicio oral, tras la renuncia de sus defensores privados.

Por José Ignacio Aguirre,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.

Después de mantenerlo tres años en prisión preventiva, los fiscales Héctor Barros y Alex Cortes solicitaron dos penas de siete años de presidio para el contador Boris Escobar, tras imputarle los delitos de narcotráfico y asociación ilícita mientras llevaba las finanzas del ex detective Cristián Ajraz, acusado de ser el líder de una red de tráfico de drogas y otros ilícitos.

El profesional, que declaró en el juicio oral, siempre alegó inocencia y señaló que si bien conocía al policía, sólo le hacía trabajos de contabilidad, tal como lo hacía con muchas otras personas que solicitan sus servicios.

Esta fue una de las causas más complejas de 2014 para la Defensoría Regional Metropolitana Norte (DRMN), no sólo por la complejidad de las imputaciones y el gran número de acusados, sino que porque los defensores privados que tenían la causa durante toda la etapa de investigación renunciaron pocos días antes del inicio del juicio oral.

LA ESCALERA REAL
La causa -que la prensa denominó “la escalera real”- comenzó con un importante decomiso de drogas registrado en Arica en 2011, procedimiento que dio origen a una investigación de la Policía de Investigaciones. Los antecedentes recopilados demostraron que los hechos se habrían planeado en Santiago, por lo que la Fiscalía Metropolitana Sur solicitó al 15° Juzgado de Garantía una orden para realizar interceptaciones telefónicas a varios sospechosos imputados.

Las diligencias derivaron en la detención de 14 personas el 13 de septiembre de 2011. Todas quedaron en prisión preventiva.

Según la fiscalía, se configuraron los delitos de asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos, en que los cabecillas del grupo serían el entonces comisario de la Policía de Investigaciones Cristián Ajraz y el ex funcionario de la PDI Jorge Cepeda Concha. Todos los restantes imputados eran civiles, entre ellos el contador Boris Escobar.

La investigación se cerró y se llegó a la audiencia de preparación de juicio oral (APJO), en que las defensas particulares no excluyeron ninguna prueba de la Fiscalía. Además, las defensas cuestionaron la competencia del tribunal, porque se comprobó que por principio de ejecución, los delitos comenzaron a desarrollarse en la comuna de Estación Central. De este modo la causa debió remitirse al 4° Tribunal Oral para la realización del juicio oral.

Relevante fue también que terminada la preparación de juicio renunció la defensa privada de cuatro de los imputados: los hermanos Julio y Francisco Oyaneder Espinoza, Claudio Merino Ferrer y Jorge Cepeda Concha. Faltando pocas semanas  para el juicio oral fue designada para representar a estos imputados la defensora penal pública María Gabriela Villablanca.

El panorama se volvió crítico con la renuncia de otros dos defensores particulares a pocos días del juicio oral., quienes representaban a otros tres imputados. Por ello, hubo que designar a una segunda defensora  pública y reorganizar las representaciones por defensas incompatibles.

La defensora penal pública Jacqueline Stubing debió asumir la defensa de Francisco Oyaneder Espinoza, Luciano Moreno, Boris Escobar y René Martínez. Gabriela Villablanca, en tanto, defendió a Julio Oyaneder Espinoza, Claudio Merino Ferrer y Jorge Cepeda Concha.

ACTIVA DEFENSA
A pesar de que ambas defensoras públicas llegaron al juicio oral con toda la prueba de la fiscalía, tuvieron aciertos determinantes que fortalecieron la situación de sus imputados. El Ministerio Público incluyó como prueba material varias carpetas con facturas que, según los fiscales Héctor Barros y Alex Cortes, probaban la participación de varios de los imputados.

Sin embargo, Villablanca y Stubing repararon en que éstas no habían sido incorporadas como prueba documental, por lo que sus facturas no fueron analizadas individualmente en la audiencia de preparación, de modo que las defensas no tuvieron oportunidad de cuestionarlas y eventualmente excluirlas.

En consecuencia, plantearon al 4° Tribunal Oral que de acuerdo con la calificación como prueba material, esos archivadores sólo podían ser exhibidos, pero no leídos en juicio. El tribunal acogió la solicitud, pues coincidió con la defensa en que ésta no tuvo oportunidad de examinar el contenido de esas pruebas al ser presentadas sólo como prueba material por la fiscalía.

Otro punto importante fue que la defensa pública tuvo éxito en incorporar prueba nueva, como facturas aportadas por los imputados que permitieron plantear al tribunal la atenuante de colaboración sustancial.

En definitiva, el tribunal resolvió absolver de todos los cargos al contador Boris Escobar. Los demás fueron condenados por cargos de narcotráfico, aunque los jueces absolvieron a cinco de los siete imputados representados por la Defensoría del delito de asociación ilícita. En tanto el ex comisario Cristián Ajraz -con defensa particular- fue condenado por todos los cargos.

La lectura de sentencia con la determinación de las penas efectuará en una nueva audiencia, fijada para el 14 de noviembre. 

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