Sala de Prensa

30/10/2014

Abogado Francisco Geisse informó sobre estos proyectos al comité del “Proyecto Inocentes”

Destacan rol de la Defensoría en iniciativas parlamentarias para reparar el error judicial

El coordinador legislativo destacó dos mociones parlamentarias que buscan modificar el actual literal i) del numeral 7 del artículo 19° de la Constitución Política. Uno de esos proyectos destaca particularmente el trabajo impulsado por esta iniciativa de la Defensoría Penal Pública.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

Durante una reunión del comité editorial del Proyecto Inocentes efectuada esta mañana, sus integrantes revisaron tres casos postulados para incorporarse a esta iniciativa institucional, que busca reparar la honra de personas inocentes que han estado justamente en prisión.

En el encuentro, presidido por la Defensora Nacional (S), Viviana Castel, el coordinador legislativo de la Defensoría, abogado Francisco Geisse, informó a los miembros del comité sobre varias iniciativas legislativas actualmente en tramitación y que recogen algunas de las recomendaciones que el Proyecto Inocentes han planteado para reparar el error judicial, en particular respecto del derecho a indemnización para casos en que esto ocurra.

Tras explicar inicialmente la forma en que la Constitución y las leyes vigentes cautelan el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, Geisse comentó en detalle dos mociones parlamentarias presentadas recientemente al Congreso y que buscan simplificar las condiciones para que las personas injustamente imputadas o condenadas puedan reclamar una indemnización al Estado.

PROYECTO DE DIPUTADOS
La primera iniciativa fue presentada el 14 de agosto pasado por un grupo de diez diputados, tras una iniciativa de Raúl Saldívar para modificar las normas vigentes sobre error judicial, sustituyendo el actual literal i) del numeral 7 del artículo 19° de la Constitución Política por el siguiente:

“Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso, acusado, sometido a prisión preventiva o condenado por resolución que el Tribunal Constitucional declare constitutivo (sic) de error judicial, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios  patrimoniales y morales que haya sufrido”.

El nuevo texto agrega que “el tribunal  apreciará la prueba con libertad, pero no podrá contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. La  indemnización será  determinada en  un procedimiento sumario fijado por ley”.

La iniciativa parlamentaria, apoyada -entre otros- por los diputados Claudio Arriagada, Juan Luis Castro, Tucapel Jiménez y Roberto Poblete -entre otros-, propone luego agregar un nuevo numeral 17 en el artículo 93° de la Constitución, relativo a las atribuciones del Tribunal Constitucional, incluyendo entre ellas la de “declarar el error judicial de conformidad con el literal i) del número 7° del artículo 19 de la Constitución Política”.

Esta idea parlamentaria se fundamenta “en que por tratarse de una acción constitucional, la competencia debe ser del Tribunal Constitucional, a fin de ejercer un control externo y no del propio Poder Judicial, bajo un sistema de libre valoración y sujeto a los límites de la sana crítica”, explicó Geisse.

MOCIÓN DE SENADORES
Geisse también expuso una moción parlamentaria de los senadores Isabel Allende, Alfonso de Urresti, Felipe Harboe y Patricio Walker, que busca modificar en términos similares el mismo artículo constitucional y sobre la cual se dio cuenta en el Senado el pasado 8 de octubre.

El nuevo texto del artículo 19° N° 7, letra i) quedaría como sigue: “Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido formalizado, sometido a proceso, o sometido a alguna medida restrictiva o privativa de libertad o de algún otro derecho o garantía fundamental, podrá pedir que la Corte Suprema declare que dicho acto fue erróneo o arbitrario, y tendrá derecho a ser indemnizado por la responsabilidad objetiva del Estado o de sus órganos, de todos los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido”.

A diferencia de la moción de los diputados, esta iniciativa de los senadores agrega que “la indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia”.

CÓDIGO PROCESAL PENAL
Geisse también comentó una iniciativa presentada previamente casi por los mismos diputados, pero que busca modificar el Código Procesal Penal para establecer “un procedimiento claro para el ejercicio de la acción de indemnización de perjuicios por actos erróneos o arbitrarios”, agregando un párrafo 5° en el Título VIII del Libro IV de ese código.

El abogado explicó que si bien el 16 de septiembre pasado la Corte Suprema emitió un informe desfavorable en torno a esta idea, por considerar que contenía una “inconstitucionalidad manifiesta”, los jueces sí emitieron una opinión favorable en cuanto a “la necesidad de una adecuación constitucional y de una regulación legal a la institución del  error judicial”.

Durante el encuentro, Francisco Geisse expuso además diversas iniciativas parlamentarias presentadas previamente al Congreso desde 1992 en adelante, siempre con la idea de simplificar las condiciones para indemnizar a personas afectadas por el error judicial, todas las cuales habían sido archivadas hasta ahora.

TRABAJO DE LA DEFENSORÍA
En cuanto al proyecto de los senadores, Geisse destacó que en su fundamentación de la moción, los parlamentarios mencionan que “la Defensoría Penal Pública ha trabajado en el ‘Proyecto Inocentes’, en el cual buscan reparar el error judicial, cuando una persona es afectada por el poder punitivo del Estado, a pesar de ser inocente”.

Agregó que según los senadores, este proyecto institucional “ha sistematizado las causas frecuentes de error judicial en materia penal”, tras lo cual reproducen la enumeración y el análisis de estas causas que realiza el proyecto.

Este reconocimiento del trabajo institucional de difusión del proyecto, lanzado en agosto del año pasado, fue particularmente valorado por el comité, que estuvo integrado por el abogado y académico Mauricio Duce (UDP), la socióloga María Eugenia Hofer, el Defensor Regional Metropolitano Norte, Leonardo Moreno; Francisca Werth, jefa del Departamento de Estudios y Proyectos; Víctor Providel, jefe de Estudios de la Defensoría Regional de O’Higgins; Ximena Chandía, jefa de Comunicaciones de la Defensoría; Jorge Moraga, abogado del Departamento de Estudios, y Valeria Vaccaro, coordinadora del proyecto.

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