Sala de Prensa

30/12/2014

Defensor público se reunió con funcionarios municipales de Ollagüe para explicarles el modelo de defensa indígena

Defensoría apoya convenio de Gendarmería con municipios lejanos de Antofagasta

La charla, realizada en esta comuna altiplánica fronteriza con Bolivia, forma parte de los aprontes para avanzar hacia a la firma de un convenio que permitirá a las comunidades participar en el cumplimiento de penas sustitutivas en la zona.

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

Una práctica iniciativa es la que se está desarrollando en Antofagasta, para que los propios vecinos de las localidades más alejadas de los centros urbanos colaboren en el cumplimiento de penas sustitutivas a la privación de libertad en el marco de la Ley 20.603.

Entre estas localidades se cuenta Ollagüe, un poblado altiplánico fronterizo con Bolivia que presenta una geografía aislada y que está situado a un promedio de tres horas de viaje desde Calama.

Consciente de ese aislamiento y del trascendente rol que cumplen los funcionarios municipales en la comunidad, el defensor local jefe de Calama, Hernán Díaz Verdugo, se reunió con quienes se desempeñan a diario en la Municipalidad de Ollague, con la finalidad de explicarles el quehacer de la defensa y los aspectos que la ley ha modificado en relación con el cumplimiento de las sanciones no privativas de libertad.

La actividad, coordinada por los responsables de defensa indígena en la Defensoría Regiona, se desarrolló en el municipio, ante un grupo de funcionarios que participó activamente en la charla, contexto en que expusieron varios aspectos que se deben tener en cuenta a partir de la firma de un convenio entre la comunidad y Gendarmería de Chile, lo que les impondrá un rol muy relevante en relación con la supervisión de los penados que forman parte de la misma población de la localidad.

La comuna de Ollagüe tiene una población censada que apenas supera las 300 personas, muchas de las cuales viven gran parte del año en otras localidades, cumpliendo tareas de ganadería y agricultura a pequeña escala. Además, en estas comunidades la costumbre constituye un elemento a tener en cuenta en materia de imputación penal, tal como sucede en una serie de situaciones en que la resolución no es necesariamente de carácter judicial, como ocurre en el caso de conflictos entre comuneros.

“Estamos motivados de que se hayan generado las instancias para que sean los propios dirigentes comunitarios los que se hagan en alguna medida responsables del cumplimiento de penas sustitutivas, por lo cual es necesario potenciar el conocimiento y capacitación en relación a cómo se desarrolla el proceso penal”, explicó Hernán Díaz.

El abogado destacó que la próxima firma de convenio entre la comunidad y Gendarmería marcará un antes y un después en relación con este tema. “Es una opción auspiciosa, dado que no podemos esperar que Carabineros o Gendarmería viajen diariamente tres horas para supervisar si un penado está cumpliendo o no con su arresto domiciliario. La idea es que todos contribuyan al cumplimiento de ello”, aclaró.

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