Sala de Prensa

20/01/2015

En última audiencia por caso del robo de 6 mil millones de pesos

Persistencia de defensora dejó sin medidas cautelares a sexto detenido por “robo del siglo”

La defensora pública Claudia Levine logró convencer al tribunal de que la Fiscalía no tenía pruebas como para justificar la aplicación de medidas cautelares en contra de Miguel Espinoza.

Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.

El fiscal Eduardo Baeza ya le había anticipado a la defensora pública Claudia Levine que en el caso de Miguel Espinoza Rojas -el último detenido en el caso del llamado 'robo del siglo'-, sólo lo imputaría por complicidad, a diferencia de los otros cinco detenidos, que fueron imputados como autores.

Además, le indicó que no solicitaría la prisión preventiva aplicada al resto mientras dure la investigación, sino que sólo pediría las medidas de arraigo nacional y firma semanal en el OS-9 de Carabineros.

Sin embargo, la defensora penal pública, que trabaja en el programa de primera audiencia de la institución, no aceptó comprometerse en ninguna negociación previa a la audiencia de formalización, hasta no conocer los antecedentes que tenía la Fiscalía para imputar complicidad a su representado -imputado por su rol en el bullado asalto a un camión de valores Brink's ocurrido el 12 de agosto de 2014 en el Aeropuerto Internacional de Santiago-, ya que éste le insistía en su total inocencia.

AUDIENCIA DIFÍCIL
Se sabía de antemano que sería una audiencia difícil para la defensa, pues el Primer Tribunal de Garantía  de Santiago yá había concedido las prisiones preventivas solicitadas por la Fiscalía para los otros cinco imputados en la causa.

Pero más complicado que este antecedente fue el desarrollo mismo de la audiencia, a cargo de la magistrada Claudia Burgos. Ésta fue la número 15 de un bloque de la tarde que ya se había extendido más de lo habitual, por lo que era visible el deseo de la jueza por apurar el paso.

En la audiencia anterior, además, había tenido un entrevero con la defensora Levine, cuando ésta alargó el procedimiento al ver las lesiones de sus imputados y efectuar la respectiva denuncia.  

Así, cuando el fiscal Eduardo Baeza formalizó a Miguel Espinoza sólo como cómplice del robo y expresó su disposición para no pedir su prisión preventiva, sino sólo su arraigo nacional y firma semanal ante Carabineros, muchos de los presentes pensaron que la defensa pública se allanaría.

Sin embargo, Claudia Levine objetó la necesidad de cautela y pidió que el fiscal argumentara su solicitud. Molesta, la magistrada dio traslado a la fiscalía. Baeza explicó entonces que el auto Mitsubishi Montero que se presume participó en la preparación del robo estuvo a nombre del imputado.

ARGUMENTO POBRE
La defensora pública replicó que el argumento de la Fiscalía le parecía muy pobre para relacionar a su defendido con el delito, más aún tratándose de una persona sin antecedentes, que además tenía una explicación plausible para lo ocurrido.

Explicó, de hecho, que Espinoza es chofer del Transantiago y que se desempeña también como mecánico. Agregó que, en ese contexto, un cliente le dijo que podría conseguirle un crédito, y para el efecto le pidió a su representado copia de su cédula de identidad y le pidió firmar papeles en blanco, supuestamente para adelantar trámites.

Tiempo después –agregó- esta persona llamó a su cliente y le contó que le había puesto un auto a su nombre y que ahora debía traspasárselo. Concluyó que ese es el único vínculo que Espinoza tuvo con el cuestionado vehículo, pues en realidad ni siquiera tuvo oportunidad de verlo.   

La jueza Burgos consideró atendibles los argumentos de la defensa pública y preguntó al fiscal si tenía el contrato de compraventa firmado ante notario, cuestión a la que éste contestó negativamente, tras lo cual la magistrada rechazó la solicitud del fiscal y dejó al imputado en libertad, sin ninguna medida cautelar.

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