Sala de Prensa

10/03/2015

Luego de ocho meses en internación provisoria fue dejado en libertad

Defensoria de Calama cuidó por más de 72 horas a joven boliviano

Se debieron realizar gestiones con el consulado y con una agrupación de mujeres indígenas para proveer al adolescente de alimentación y alojamiento mientras se lograba el reencuentro con su padre, que debió viajar desde Bolivia.

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

J.L.M.M. es un joven boliviano de 16 años que desde julio de 2014 se encontraba en internación provisoria en el Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Antofagasta. Como sucede con muchos jóvenes y adultos migrantes que son formalizados, carecen de redes de apoyo y deben cumplir la medida cautelar de privación de libertad, realidad que se hace aún más dramática en el caso de los adolescentes infractores que provienen de comunidades indígenas.

El caso de este joven había sido analizado en dos audiencias previas, en que la defensora pública juvenil de Calama, Ledy Liquitay, solicitó al tribunal la revisión de la medida cautelar para su sustitución. A pesar de contar con un perfil acorde para que se decretara su libertad, para el tribunal pesaba sobremanera la inexistencia de parientes del menor en Chile.

Frente a ello, se iniciaron las gestiones para que la Agrupación de Mujeres Indígenas de Calama se hiciera cargo de su caso, a lo menos acreditando la existencia de redes de apoyo. Con este nuevo antecedente, la defensora juvenil logró que el joven fuera sancionado con libertad asistida especial, con lo cual quedó de inmediato en libertad.

En ese momento la Defensoría Local de Calama inició las gestiones para ubicar al padre del adolescente, quien reside en un poblado cercano a la ciudad de Sucre, en Bolivia. Mientras tanto, y en coordinación con la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD), la facilitadora intercultural Marioli Lique Mondaca se hizo cargo del alojamiento y alimentación de J.L.M.M.

IMPUESTO DE SALIDA
Sin embargo y a pesar de su inmediata intención de reencontrarse con su hijo, el padre lólo logró llegar hasta el paso fronterizo ubicado al interior de San Pedro de Atacama, donde los encargados de migración bolivianos le solicitaron el pago de un impuesto para autorizar su salida. Como él no contaba con los recursos se contactó rápidamente con la facilitadora, quien ante el retraso del viaje del progenitor hizo gestiones directas con el Consulado de Bolivia en Calama, para lograr que este cobro se anulara.

Así, no fue sino hasta 72 horas después de haber sido liberado que J.L.M.M. logró reencontrarse con su padre. Durante todo ese proceso, tanto la Defensoría como la Agrupación de Mujeres Indígenas de Calama debieron velar por el bienestar del adolescente, quien en este caso se vio doblemente complicado por su situación de migrante y miembro de una comunidad indígena.

Sobre este tema, la Defensora Regional, Loreto Flores, explicó que la institución dedica grandes esfuerzos a revertir el impacto que la privación de libertad tiene sobre los adolescentes y demás grupos vulnerables, tal como sucede con mujeres, indígenas y migrantes.

“Muchas veces los esfuerzos de los funcionarios de la Defensoría Penal Pública deben redoblarse para procurar el bienestar de quienes, frente a una imputación penal, son privados de libertad y no cuentan con redes de apoyo. Frente a estos casos debemos generar redes y potenciar la labor en áreas específicas como las sociales y psicológicas. El caso de J.L.M.M. es una muestra más de este trabajo”, destacó. 

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