Sala de Prensa

11/03/2015

Defensores públicos denunciaron apremios ilegítimos en su contra

Juzgado acogió cautela de garantías en favor de 17 internos del penal de Coyhaique

Tras escuchar a los abogados, el juez de garantía denunció la existencia de estos delitos ante el Ministerio Público y ofició para que se investigue la existencia de hechos punibles y eventuales responsabilidades penales.

Por Yessica Quijada L.,
Defensoría Regional de Aysén.

El juez de Garantía de Coyhaique, Mario Devaud Ojeda, acogió la presentación de una cautela de garantía hecha por los defensores públicos Paulina Delgado, Valeria Arriagada y Sebastián Lagos -todos de la Defensoría Regional de Aysén-, quienes  luego de entrevistar a 17 internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Coyhaique, constaron su estado de salud y los malos tratos a los que fueron sometidos durante la madrugada del pasado domingo 8.

Paulina Delgado explicó durante la audiencia que luego de visitar y entrevistar a todos los involucrados, ella y sus colegas pudieron constatar que la versión de los reclusos era diferente a la entregada por Gendarmería, en el sentido que sí habría existido un desorden durante la noche, pues les habrían cortado la luz y por ese motivo habrían reclamado a los custodios, dado que se encontraban viendo películas.

“En ese momento, alrededor de las 3 de la mañana, 15 gendarmes  habrían ingresado al módulo con gas pimienta y, premunidos de palos de goma, los habrían comenzado a golpear. Posteriormente, fueron llevados al gimnasio y una vez allí fueron reducidos y nuevamente maltratados, con golpes de palos y de pies en diferentes partes del cuerpo”, aclaró.

La abogada agregó que fue en ese contexto que “un imputado resulta herido con 11 perdigones alojados en su pierna, un interno con su rostro completamente moreteado y sin visión en uno de sus ojos, más seis internos lesionados con marcas visibles en sus cuerpos”.

DENUNCIA AL MINISTERIO PÚBLICO
Tras escuchar las presentaciones de la defensa pública, el magistrado acogió la cautela de garantías y denunció ante el Ministerio Público “la existencia de apremios ilegítimos en contra de los 17 imputados, con el objeto que se investiguen estos sucesos, y la existencia de hechos punibles y las responsabilidades de rigor, en materia penal, perpetrados el 8 de marzo, en dependencias del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, cuya autoría se atribuye a personal de Gendarmería que se encontraba en servicio”.

Respecto de las medidas de aislamiento que afectaban a cuatro de los internos, el juez de garantía dejó sin efecto las medidas por considerarlas ilegales.

LOS ANTECEDENTES
La defensora Delgado aclaró que el propósito de presentar la cautela de garantía es que los afectados “puedan ejercer los derechos que les están garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales, y que en estos momentos  no los pueden ejercer porque están privados de libertad. A juicio de esta defensa, tales derechos han sido vulnerados por funcionarios de Gendarmería”.

Según la abogada, el uso de la fuerza “no se justifica en ningún caso. Aquí hubo agresiones físicas y verbales, y un disparo directo a la pierna de uno de los imputados, que además no estaba haciendo nada. Él estaba mirando con dirección al suelo, de rodillas y con las manos en la cabeza, totalmente reducido”.

La defensora pública se mostró satisfecha con lo resuelto por el juez de garantía, “debido a que se pudo probar que existieron actitudes de los gendarmes que constituían abusos de poder. Los imputados van a poder estar más tranquilos y confiados, al ver que sus denuncias son acogidas por los tribunales”, concluyó.

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