Sala de Prensa

02/06/2015

Entrevista al Defensor Regional de Tarapacá, Marco Montero, en el diario El Longino de Iquique:

“La experiencia nos muestra que cualquier persona puede ser sujeto de una imputación penal”

La conversación con el periodista de este diario regional -publicada a página completa- giró en torno a los temas claves para la defensa penal pública.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.

La siguiente entrevista al Defensor Regional de Tarapacá, publicada el  pasado fin de semana, antes de la cuenta pública regional año 2014 que se rendirá este jueves 4 de junio, permitió una revisión de los principales temas relativos a la prestación de defensa penal pública. Los editores del tradicional diario “El Longino”, cuyo nombre evoca al último tren que unió a Santiago con Iquique hasta 1975, le dedicaron una página completa a estas respuestas de Marco Montero Cid:

La Defensoría Penal Pública lleva en la Región de Tarapacá poco más de 12 años, tras su instalación en diciembre del 2002 y su actual Defensor Regional, el abogado Marco Montero Cid, cumple dos años y medio a cargo de su dirección en la zona.

En estos días prepara lo que será su Cuenta de Gestión referida al año pasado, en donde entregará, entre varios antecedentes, las cifras referidas a la prestación de defensa penal entregada en la zona.

Tal informe se conocerá en una ceremonia prevista para el próximo jueves, a la que asistirá el propio Defensor Nacional, el abogado Andrés Mahnke Malschafsky, quien asumió tal cargo en diciembre último.

Marco Montero no quiso adelantar las datos que especificará el próximo jueves, pero aceptó conversar sobre los temas generales de la marcha actual de la Defensoría Regional de Tarapacá, lo que ahora abordamos:

-¿Cuáles son los principales afanes que la Defensoría desarrolla a esta altura del año en Tarapacá?
-Son múltiples los desafíos que nos hemos impuesto como institución. A nivel regional, continuamos la labor de fortalecer el proceso de licitación de defensa regular, que recientemente culminó en una adjudicación de la totalidad de las jornadas de defensores para Tarapacá, la que ahora pasa a una etapa de ejecución. También está previsto iniciar un nuevo proceso licitatorio de defensa de personas condenadas a penas privativas de libertad.
Por otro lado, está el desafío de mantener el nivel de excelencia técnica en la defensa jurídica, con innovaciones  regionales en modelos de especialización orientados a los grupos más vulnerables de la sociedad, como lo son adolescentes, migrantes, indígenas, privados de libertad, etc.
Asimismo, tenemos previsto desarrollar un intenso programa de difusión de derechos, que nos lleva a todos los rincones de la región y a múltiples sectores y actores de la sociedad, además de nuestros encuentros permanentes con los usuarios del servicio.
El año pasado fuimos una de las entidades públicas que recibió el Premio a la Excelencia y este año estuvimos entre las mejores 4.

-¿Cómo enfrenta la Defensoría el hecho que la población regional mantiene una mayor preocupación por temas de seguridad pública, demandando mayor efectividad de parte de las instituciones a cargo de garantizarla y de reprimir a la delincuencia?
-La Defensoría no es ajena a esta preocupación. Sin embargo, creemos que la eficiencia en la persecución penal no puede ser a cualquier costo. Velamos precisamente porque a todo ciudadano requerido por la justicia penal se le respeten sus derechos fundamentales. Eso da certeza jurídica a todos por igual, pues cualquier persona puede verse involucrada en un proceso penal, ya sea por error, accidente, acción u omisión.
Esta defensa garantiza que el resultado de una investigación y, eventualmente un juicio, será justo.
La Defensoría  vela por que el trabajo de las otras instituciones, especialmente persecutoras (Fiscalía, policías) cumpla con los estándares de legalidad y calidad exigidos.

-En este marco ¿no reciben críticas por el rol de garantizadores de defensa jurídica para quienes aparecen como los que quebrantan la ley?
-Eso será difícil erradicarlo, pero crecientemente la comunidad va comprendiendo el rol esencial que los defensores cumplen en el proceso penal. No es posible avanzar hacia una sociedad más democrática, inclusiva e igualitaria si lo que impera es la justicia por mano propia, como hemos visto en días pasados, o bien cuando se implementan medidas que solo se orientan hacia el control y la persecución del delito, dejando de lado la prevención y la reinserción social.
Somos garantes de la presunción de inocencia, ya que finalmente es la única barrera de protección que tiene cualquier persona frente a los abusos o arbitrariedades cometidos en la investigación o juzgamiento de un delito. También somos partidarios de la sanción justa y proporcional de quien es responsable por un delito.
Por lo mismo, nos preocupan iniciativas legales que entregan mayores atribuciones a las policías y los fiscales, pero que a la vez limitan el ejercicio de nuestros derechos, alterando el delicado equilibrio que debe existir entre las libertades personales y el orden social. Esto requiere de un debate serio y responsable, en que las propuestas que finalmente se aprueben se basen en criterios objetivos y no solo respondan a percepciones o sensaciones de inseguridad.

-¿Por qué razones la población puede evaluar positivamente a los defensores penales públicos?
-Por lo dicho anteriormente. Porque la experiencia nos muestra que cualquier persona, independientemente de su condición social, económica, cultural, de nacionalidad, edad o sexo puede llegar a ser sujeto de una imputación (por ejemplo casos VIF, Ley de Tránsito, etc.) y en tal caso, requerirá de la mejor defensa para su caso.

-En los próximos días expondrán su cuenta anual de gestión ¿Qué nos puede adelantar de ese recuento?
-No es posible en este momento dar algún dato específico, pero ‘grosso modo’ podemos decir que ninguna persona que requiriera defensa penal pública se quedó sin esa atención. También, nos preocupa el gran número de personas que han debido permanecer en sus juicios privadas de libertad, y que posteriormente resultan absueltas o sancionadas a penas que cumplen en el medio libre. En ambos casos el daño que se ocasiona es irreparable. 

-Y ¿qué desafíos se avecinan para su institución?
-Entre los principales desafíos está saldar una deuda histórica del sistema procesal con todos los ciudadanos, que es dotarlos de una institución constitucionalmente autónoma que vele por la defensa y respeto de sus derechos. La democracia se fortalece con instituciones sólidas y confiables y cuando el estado de derecho tiene plena vigencia.  

-Para esa oportunidad viene el Defensor Nacional ¿Es una señal especial?
-Su visita a la región es una señal del enorme compromiso y permanente preocupación de la máxima autoridad por quienes formamos parte de esta institución. Además de su interés por conocer nuestra realidad regional en el ámbito de actuación de los defensores penales públicos. 

Noticias relacionadas:


  • subir
  • imprimir
  • volver