Sala de Prensa

05/06/2015

Correos de los lectores de La Tercera:

Sumario al Defensor Nacional

A través de una carta al director, los ex Defensores Nacionales Rodrigo Quintana, Eduardo Sepúlveda, Paula Vial y Georgy Schubert respaldaron la competencia técnica de la institución para participar activamente en el debate de políticas públicas relativas a sus ámbitos de acción.

Señor director:

Los diputados Claudia Nogueira y Gonzalo Fuenzalida han pedido a la Contraloría un sumario administrativo contra el Defensor Nacional por la “utilización de recursos y material humano ajenos al fin de la institución”.

De ser efectivo, revelaría que ambos no comprenden el fin de la Defensoría Penal Pública (DPP), que desde su creación fue concebida no sólo para proveer de defensa penal a quienes no cuentan con un abogado, sino como una institución que pudiese participar en el debate legislativo y de políticas públicas, haciendo valer los derechos de quienes enfrentan la pretensión punitiva del Estado.

Lo que la DPP ha planteado es su preocupación ante el avance legislativo de una indicación parlamentaria que busca ampliar las atribuciones de control de identidad de la policía, dado que su eventual aprobación importa un riesgo relevante para las libertades públicas, porque al eliminarse los criterios jurídicos que regulan este control policial se abriría una peligrosa puerta a actuaciones basadas más en prejuicios que en criterios técnicos.

Lejos de transgredir su misión, la DPP ha cumplido sus obligaciones constitucionales y legales, planteando reparos ante una idea que incide directamente en sus ámbitos de acción y que afectará los derechos de las personas.

Todos estos argumentos son técnicos y no políticos, aun cuando la DPP busque incidir con ellos en el debate de políticas públicas. Por lo mismo, y más allá de la intensidad del debate político, resulta necesario proteger la mirada desde la cual la Defensoría plantea su posición.

Esta opinión técnica es imprescindible, porque la institución es un actor básico del proceso penal, cuyo rol esencial es actuar como contraparte del Ministerio Público, ejerciendo un control cruzado a la labor de fiscales y policías.

Pretender censurar sus opiniones es desconocer el rol de la DPP y busca afectar la estructura del proceso penal vigente, que establece la igualdad de condiciones entre sus intervinientes. La defensa penal es un derecho, cuyos principales objetivos son evitar la condena de inocentes y proteger el debido proceso y un castigo justo para quienes no lo son. Una defensa muda sería incapaz de hacerlo.

Rodrigo Quintana, Eduardo Sepúlveda, Paula Vial y Georgy Schubert.
Ex Defensores Nacionales.

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