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15/07/2015
Consejeros revisaron también norma y reglamento de participación ciudadana
Defensoría acerca dos de sus proyectos emblemáticos a la sociedad civil
Tanto la “Revista 93” como el “Proyecto Inocentes” contarán con la participación de un representante del Consejo de la Sociedad Civil, órgano consultivo ciudadano con que cuenta la institución.
Por Francesca Poggi M.,
Defensoría Nacional.
Según la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, los Consejos de la Sociedad Civil son instancias plurales y autónomas con que deben contar todos los servicios del Estado.
En el caso de la Defensoría, su consejo está conformado por representantes de distintas organizaciones, como las universidades de Chile, de Valparaíso y Diego Portales; Unicef, la Corporación Pro-Bono, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y las fundaciones Paz Ciudadana y Paréntesis.
Esta última entidad, a través su director ejecutivo, Paulo Egenau, se integrará al comité editorial del “Proyecto Inocentes” que impulsa la Defensoría Penal Pública, cuyo rol se centra en el análisis de los casos que son postulados a esta iniciativa desde todo el país.
La incorporación de Egenau, actual presidente del Consejo, quedó establecida en la última sesión del grupo realizada este martes. Durante el encuentro, el Defensor Nacional, Andrés Manhke, convocó a otro representante del consejo a integrar el comité editorial de la “Revista 93”, publicación institucional de la Defensoría.
En este caso, Anuar Quesille, representante de Unicef ante la instancia, asumirá dicha participación. Así, tanto Egenau como Quesille se incorporarán a los respectivos comités en las próximas semanas.
NORMA ESPECÍFICA
Además de resolver el tema de estas convocatorias, durante esta última sesión los consejeros analizaron tanto las propuestas de nueva Norma Específica de Participación Ciudadana de la Defensoría Penal Pública, como del reglamento que regirá al funcionamiento del consejo en adelante.
Ambos textos señalan los objetivos y funcionamiento de los mecanismos que por ley definen la participación ciudadana en los órganos del Estado, en este caso de la Defensoría.
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