Sala de Prensa

30/10/2015

Fue presentado por defensores públicos penitenciarios tras denuncia por malos tratos hecha por los reclusos.

Corte Suprema acogió recurso de amparo en favor de 35 internos del penal de Alto Hospicio

El máximo tribunal instruye a Gendarmería cautelar la integridad física de los recurrentes y pide que los antecedentes de la situación sean evaluados por la Corte de Apelaciones y conocidos por el Ministerio Público.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.

La Corte Suprema de Justicia acogió finalmente el recurso de amparo interpuesto por 35 internos del módulo 31 de la cárcel de Alto Hospicio, quienes denunciaron diversos maltratos de parte de sus custodios, por lo que en septiembre generaron movimientos de protesta junto a sus familiares.

Tal recurso había sido rechazado por la Corte de Apelaciones de Iquique, por lo cual los defensores públicos penitenciarios Javier Araya y María Francisca Sepúlveda apelaron ante la instancia superior. En Santiago, el recurso fue alegado por el abogado Claudio Fierro, de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública.

En su respuesta, el máximo tribunal recordó que Gendarmería “deberá cautelar la integridad física de los internos referidos, garantizándoles un trato digno”, a la vez que ordenó que los antecedentes del caso sean puestos en conocimiento del Ministerio Público y del fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Iquique, “a fin que evalúe el mérito de los mismos”.

En el documento, emitido este jueves 29 de octubre, la Corte Suprema también pide a la Dirección Regional de Gendarmería que le informe de los resultados del sumario administrativo instruido a raíz de estos hechos, como también de las razones que motivaron el traslado de cinco internos a otros penales o secciones.

CARTA DENUNCIA
Este caso tuvo su origen en los primeros días de septiembre pasado, cuando un grupo de personas que cumplen condena en el complejo de Alto Hospicio entregó una carta denuncia a los defensores públicos penitenciarios, informando sobere abusos de parte de un grupo de gendarmes, a quienes individualizaron en su escrito. También expusieron que las condiciones de su encierro eras insalubres.

Posteriormente, sus familiares protagonizaron acciones de protesta en torno al penal, tras lo cual accedieron a reunirse con las autoridades de Gendarmería.

Más adelante, el equipo de defensa pública accedió hasta el módulo de los denunciantes, pudiendo fotografiar sus cuerpos para acreditar ante la justicia que existían antecedentes que fundamentaban el recurso de amparo, que se presentó primeramente en Iquique el pasado 29 de septiembre. Tal recurso no prosperó, por lo cual se recurrió a la Corte Suprema, tribunal que ayer acogió la presentación.

“Es un fallo importante, puesto que se logró el objetivo de tutelar de manera efectiva los derechos de nuestros representados ante hechos graves que denunciaban”, destacó el defensor público penitenciario Javier Araya, quien explicó que lo realizado “no fue un trabajo fácil, ya que aún pesan muchos prejuicios sobre estas personas. Ante eso, nuestra fortaleza ha sido la firme convicción en nuestro trabajo”.

Por su parte, la defensora María Francisca Sepúlveda afirmó que “es importante el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la posición de garante que tiene Gendarmería respecto de las personas privadas de libertad, quienes no pierden su dignidad propia de su condición de seres humanos”. La abogada concluyó: “Estamos contentos y sabemos que nuestros representados también lo estarán”.

AGRESIONES Y AMENAZAS
La denuncia que inició todo fue suscrita por todos los habitantes del módulo 31 del recinto penal de Alto Hospicio, quienes denunciaron abusos que consistirían en constantes golpes de puño, pies y bastones.

Además de las agresiones físicas, expusieron que son amenazados con ser cambiados a otros patios del penal, en los cuales los internos tienen problemas con otros condenados, agregando que sus enseres personales eran destruidos.

El pronunciamiento que acoge el recurso de amparo sobre esta denuncia fue visto por la Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Haroldo Brito, María Eugenia Sandoval y Carlos Cerda, además de los abogados integrantes Jean Pierre Matus y Jorge Lagos.

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