Defensor Regional de Maule.
 
La semana recién pasada culminó con éxito el nombramiento del nuevo Fiscal Nacional. No me corresponde comentar o criticar el fondo del mecanismo, ni las discusiones políticas que se han manifestado en la prensa en torno a la formación del quorum necesario para que, en definitiva, la propuesta de la Presidenta haya sido aprobada por el Senado de la República.

Lo que sí corresponde en esta tribuna, y entendiendo que el sistema de justicia penal debe ser visto por los intervinientes como un todo y que su éxito implica el éxito de todos los ciudadanos en términos de acceso a la justicia, en términos de oportunidad y calidad de la respuesta de ella, y en términos -en definitiva- de que mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de nuestros compatriotas es deber de todos los funcionarios del Estado de Chile, es que no queda más que desearle toda la suerte del mundo en su gestión en estos próximos ocho años.

Tengo la suerte de conocer personalmente al señor Abbott, fruto de su paso por la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, institución en la cual trabajé durante tres años bajo su mandato.  

Sé también que fue uno de los visionarios que apostó por esta reforma, que a sus abogados los instó a formarse profesionalmente para ser fiscales y defensores.

De hecho, bajo su alero varios de nosotros pasamos a ser precursores en esos puestos en la Cuarta Región de Coquimbo, razón por la cual sé que respeta y entiende la labor de la Defensoría Penal Pública como pocos, y tendrá una relación constructiva con ella.

Pero escuchar de su boca -en su presentación previa en el Senado a la votación que, en definitiva, lo ratificaría en el cargo- tranquiliza aún más. Por ejemplo, al no tener una mirada condescendiente con sus propios fiscales, quienes al ser los encargados de la investigación y su dirección exclusiva deben hacerse responsables de aquellas en que no se llega a nada.

No es posible que se mantengan tan bajos los índices de éxito en las investigaciones de delitos contra la propiedad, cuando éstos son los que más afectan la percepción de inseguridad de la gente.

También, sobria y sabiamente, señala que no es bueno que los fiscales tomen protagonismo mediático, ya que no es su misión primaria y marca a fuego, con su propio ejemplo, que los conflictos de interés, que siempre van a existir, deben ser manejados con altura de miras, no dejando que entre ni una sola sombra de duda en el accionar de una de las instituciones autónomas más relevantes para el sostén del estado de derecho, como es el Ministerio Público.  

También refuerza la objetividad en la persecución de los fiscales, más allá de la presión de la opinión pública en casos mediáticos, y coloca en el lugar que se merece -es decir, en un primerísimo nivel- la presunción de inocencia, para todo ciudadano, no sólo para los ABC1, sino que todos aquellos que por desdicha deben ser investigados penalmente, con lo cual no queda más que estar de acuerdo, más allá que aquello se haya precisado en el mismísimo Congreso Nacional.

Por todo lo anterior, es posible mirar el futuro con relativo optimismo, ya que la conducción del ente persecutor penal chileno ha caído en buenas manos. Ojalá el resto de las instituciones y la ciudadanía toda estemos a la altura, para así seguir entregando justicia de calidad y oportuna a todos los hombres y mujeres que habiten nuestro territorio nacional.