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12/11/2015

Artículo de Defensor Regional de Tarapacá en el diario La Estrella de Iquique:

“Nuestros derechos requieren de garantías para que el sistema criminal no caiga en excesos o errores mayúsculos”

El principal diario regional de Tarapacá publicó estas reflexiones de Marco Montero Cid, en una de sus últimas ediciones.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.

En medio de noticias sobre presuntas negligencias médicas, iniciativas ecológicas y la posibilidad de que este verano ocurran lluvias inéditas para esta zona desértica, el principal diario regional, La Estrella de Iquique, publicó un nuevo artículo de opinión del Defensor Regional de Tarapacá.

En este escrito Marco Montero analiza la necesidad de considerar criterios objetivos para analizar las propuestas hechas para modificar la normativa procesal y penal vigente en nuestro país.

El siguiente es el texto de su columna:

Reformas, debate y objetividad

Está en el debate público y legislativo la necesidad de introducir reformas a la normativa procesal y penal vigente, por un supuesto incremento de la criminalidad y por la sensación generalizada de impunidad.

Esta es una forma extrema de atender un fenómeno político y social que tiene más implicancias que las puramente jurídicas. Por esto mismo exige más prudencia y racionalidad para su estudio, análisis e intervención.

Es propio del desarrollo de cualquier sociedad moderna y democrática procurar -por las vías institucionales- incrementar la eficiencia y eficacia de su justicia penal, pero ello debe hacerse con especial cuidado de no afectar el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. Cualquiera puede ser objeto de una imputación y nuestros derechos requieren de garantías para que el sistema criminal no caiga en excesos o errores mayúsculos.

Las iniciativas legales propuestas plantean -principalmente - restringir el control jurisdiccional de los derechos de los ciudadanos, otorgando mayores atribuciones a las policías. Por ejemplo: se quiere flexibilizar las exigencias para requerir la identificación de una persona, registrar sus vestimentas o equipaje, todo ello en el marco de un control de identidad.

Tales medidas buscan revertir los supuestos que motivan este debate, pero conllevan un alto riesgo de afectación a los derechos fundamentales de cualquiera de nosotros.

Por su relevancia, sería apropiado que en la discusión legislativa se usen datos y cifras que permitan un diagnóstico objetivo y que, a su vez, cuide que las decisiones sean –en opinión de Robert Alexis - idóneas, necesarias y proporcionales a los objetivos propuestos.

Tampoco debiera desatenderse que las anteriores reformas han mostrado escasos resultados empíricos. Repetir esa experiencia, no logrando los fines que se esperan, puede terminar debilitando aún más los niveles de confianza expresados por la ciudadanía en sus autoridades e instituciones. En tal caso, una solución no adecuada al aparente problema sería un remedio que agravaría la enfermedad.

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