Sala de Prensa

25/01/2016

Defensoría:

378 personas privadas de libertad terminaron siendo inocentes (*)

REGIÓN. Cifras de la Defensoría Penal Pública dan cuenta de que durante 2015 hubo un aumento en un 14 por ciento en imputados por algún delito que terminaron sin declaración de culpabilidad.

(*): El siguiente reportaje, escrito por el periodista Cristián Rodriguez, fue publicado en El Mercurio de Valparaíso.

Más de 36 mil causas judiciales -ya finalizadas- se tramitaron el año pasado en la Región de Valparaíso. De éstas, un 15,4 por ciento (5 mil 562) terminó con los imputados siendo declarados como inocentes o no condenados, mediante la absolución o un sobreseimiento definitivo.

Según cifras entregadas por la Defensoría Penal Pública, en 2015 los casos de “imputados declarados inocentes” a nivel nacional aumentaron un 7 por ciento en comparación con el 2014. Sin embargo -en relación a los mismos años- en la región se registraron 682 casos más, lo que representa el aumento de un 14 por ciento. Esto, a pesar que durante el año pasado se tramitaron 247 causas judiciales menos que en 2014.

PRISIÓN PREVENTIVA
Las cifras son aún más lapidarias cuando se detalla el tipo de causales que los imputados recibieron durante sus respectivos controles de detención.

Si bien a un 93,2 por ciento (5 mil 184) de los casos no se la aplicó la medida de internación provisoria o prisión preventiva, 378 personas sí debieron permanecer privadas de libertad por al menos un día, sin haber participado de los hechos que la contraparte les había imputado.

Al analizar estos datos se constata que de los 378 casos registrados durante el año pasado, 160 permanecieron entre 0 y 15 días tras las rejas, y 167 entre 16 días y 6 meses. Mientras que 51 personas estuvieron más de seis meses privadas de libertad hasta que la justicia las declaró como inocentes.

Para el defensor regional de Valparaíso, Claudio Pérez García, el incremento en 682 casos de un año a otro obedece a diferentes razones que no pueden ser generalizadas, porque "cada caso judicial es único en sí mismo".

Sin embargo, Pérez fue tajante respecto de las cifras en casos de prisión preventiva y aseguró que “reflejan que la prisión preventiva es una suerte de pena anticipada, a lo cual nos oponemos, porque esta medida cautelar debería aplicarse como última opción y en casos realmente justificados, dependiendo de la gravedad del hecho y si existen antecedentes fundados de participación en el delito denunciado”.

CONSECUENCIAS DIRECTAS
Si bien uno de los principales efectos de tener a cerca de 400 personas en prisión preventiva sería aumentar el problema de hacinamiento que existe en los centros penitenciarios chilenos, para el defensor regional la principal consecuencia es el drama humano que se genera en el entorno familiar.

“El problema no es solo el hacinamiento en las cárceles, sino el drama humano y familiar que viven las personas que estuvieron en prisión preventiva durante le fase de investigación de sus causas y finalmente fueron absueltas, porque no tuvieron ninguna participación en el delito. Hay casos de hombres, mujeres y jóvenes que perdieron sus trabajos y familia, y les ha costado mucho retomar sus vidas”, sostuvo Pérez.

Como solución, el abogado plantea que los sistemas de administración de justicia deben velar por respetar la presunción de inocencia de todas las personas, independientemente de que tengan o no antecedentes penales. Justamente, éste sería uno de los motivos por el que los magistrados optarían por dejar en prisión preventiva a algunos imputados.

Pérez explicó que con la presentación del “Proyecto Inocentes” han detectado que no existe un sistema judicial infalible y la experiencia les ha indicado que los diferentes actores que forman parte de la administración de justicia “pueden cometer errores durante la fase de investigación de los casos o en otras etapas de las causas”. El defensor regional agregó que lo más importante es que exista una voluntad de mejorar los procedimientos y estándares, a objeto de fortalecer el sistema.

“Se ha puesto en evidencia que existen errores y que pueden evitarse adoptando mejoras en las investigaciones que se llevan a cabo y en la labor que cada actor del sistema desempeña”, precisó.

“CIFRAS SON POSITIVAS”
Para el presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, Waldo del Villar, las cifras no deben ser vistas de manera negativa, sino al contrario.

“Quiere decir que un 86 por ciento de las veces se resolvió adecuadamente por los tribunales. Hay un margen de error y se equivocan todos los días. Por eso están las apelaciones, para que el tribunal superior enmiende el error del inferior. Yo diría que el número es bajo”, sostuvo el abogado.

Incluso, Del Villar aseguró que los tribunales siguen manteniendo un principio garantista y son más los casos con imputados en libertad que privados de ella. “Hay muchos a quienes se les debía aplicar la prisión preventiva y no se les aplicó, y en un lapso de tres meses vuelven a delinquir. Son más los beneficiados por la libertad que los que son perjudicados. Ese es el costo de una justicia humana, que es imperfecta”, dijo.

Como justificación a las medidas adoptadas, el jurista sostuvo que la decisión de aplicar prisión preventiva se establece de acuerdo con el tipo de delito, y en su mayoría se decreta para los “hechos de sangre” cuyos imputados son considerados un peligro para la sociedad, para la investigación o porque no registran una irreprochable conducta anterior.

Por Cristián Rodriguez F.,
El Mercurio de Valparaíso.

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