Sala de Prensa

11/07/2016

En el espacio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia

Defensora pública conversó sobre justicia juvenil en programa "Derecho a la radio"

En la última edición del programa que Radio Universidad Astral transmite cada miércoles, la defensora juvenil Loreto Mondión y la trabajadora social Lorena Favereau -perito de la Defensoría- conversaron de la disyuntiva entre castigo y reinserción.

Por Malú Rodríguez Sepúlveda,
Periodista Defensoría Regional de Los Ríos.

Sobre delincuencia juvenil y la disyuntiva entre castigo y reinserción conversaron la defensora pública juvenil Loreto Mondión y la trabajadora social Lorena Favereau, durante la última edición del programa “Derecho a la  radio”, que transmite los miércoles la Radio de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. 

En el espacio, que conducen José Ángel Fernández y Juan Quintana -académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UACH-, Fernández introdujo el diálogo aludiendo a teorías que intentan explicar  las causas de la delincuencia, la postura que refiere al aprendizaje social en el entorno  inmediato y la teoría de la subcultura donde, a través de acciones tipificadas como delitos,  se enfrentarían valores asentados en la cultura hegemónica de la que formamos parte la mayoría de los ciudadanos.

UNA LEY ESPECIAL
Ante la consulta de por qué se creó una justicia distinta para los adolescentes, Loreto Mondión explicó que la Ley N° 20.084 comenzó a regir en 2007 en el país, para cumplir con compromisos internacionales del Estado, referidos fundamentalmente a la Convención Internacional de Derechos del Niño.

“La diferencia es que antes del actual sistema se hacía juicio de discernimiento y el único ejercicio era la rebaja en un grado de la pena asignada a un adulto, una suerte de matemática jurídica, muy lejana de la intervención multidisciplinaria que se aplica hoy y que busca revertir la raíz del problema”, señaló.

INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA
En relación con el propósito eminentemente resocializador de la justicia juvenil, la abogada destacó que hay situaciones esporádicas y delitos de bajo compromiso o afectación a la sociedad en que la normativa invita al Ministerio Público a aplicar el principio de oportunidad y optar por no seguir investigando. 

“Con ello se evita el ingreso al sistema penal y se mitiga la posibilidad de reincidencia y el etiquetamiento en el entorno social del adolescente”, aclaró.

No obstante lo anterior, explicó que de manera excepcional y ante delitos graves o frente a adolescentes más refractarios, la ley contempla sanciones privativas de libertad, “pero siempre abordadas desde una perspectiva multidisciplinaria, donde se interviene tanto a la familia como al adolecente, de acuerdo con la situación en particular, el contexto y la habitualidad o no de la comisión de delitos”, planteó.

ENCIERRO COMO EXCEPCIÓN
En su análisis, la defensora Mondión manifestó la necesidad de objetivar los datos en relación con la delincuencia juvenil, "porque, en contraste con la profusa cobertura de medios ante delitos graves cometidos por jóvenes, las cifras muestran que, de todos los delitos investigados en el país, menos de un 9 por ciento corresponde a adolescentes".

Agregó que hay chicos que tienen una situación familiar disfuncional, que pueden haber cometido un delito esporádico contra la propiedad, "guiados por el grupo o bajo los efectos de algún tipo de sustancia, casos en los cuales puede ser totalmente contraproducente para él y la sociedad esa mano dura en la que se reclama  cárcel para todos”, opinó.

OFERTA INSUFICIENTE
Consultada en torno a la dificultad de no contar con un sistema de régimen semi cerrado en la oferta de sanciones de la región de Los Ríos, aclaró que en su rol de defensora y a partir del bien superior del adolescente, ello deriva en los hechos en requerir la sanción menos severa, como libertad asistida especial,  en caso de que  la contraparte solicite sometimiento del joven a este régimen.

“No se puede  castigar al adolescente si es el Estado el que no ha cumplido con su obligación de tener a disposición toda la oferta pública en cuanto a sanciones”, agregó.  

Según la abogada, actualmente la única posibilidad de cumplimiento en régimen semi cerrado consiste en la derivación del adolescente desde Los Ríos a Temuco o Puerto Montt, lo que se traduciría en desarraigo familiar, de sus pares y del colegio.

“Ello, en una etapa compleja y plena de cambios, dudas, descubrimientos, donde el estar lejos de su entorno es la crónica de una muerte anunciada para la intervención y que provocará un quebrantamiento de la medida en poco tiempo”, comentó.

Desde su experiencia en el área proteccional y con una perspectiva crítica, la trabajadora social y perito de la Defensoría, Lorena Favereau, comentó que para la mayoría de los profesionales, el trabajo con los usuarios y la complejidad de sus casos no son causa de frustración, sino de “un sistema que nunca se ha implementado bien, lo que se traduce en una rotación de personal muy alta y que es una de las grandes falencias del mismo”, indicó.

PeERFIL DE ADOLESCENTES
Ante la pregunta en torno al perfil de un adolescente infractor de ley, la defensora Mondión explicó que  existen jóvenes que han sufrido desde su niñez profundas vulneraciones a sus derechos, donde las historias de maltrato, abuso sexual y violencia familiar son habituales.

“Son casos  muy duros de abordar donde, producto de la vulneración que han vivido desde su niñez,  existen parámetros morales que de alguna forma se han trastocado y se han  incorporado o normalizado en su cotidiano. Ahí es el  Estado el que fracasa, al no haber defendido a un niño de tanta vulneración y nosotros como sociedad también, porque este niño, muy probablemente, terminará en un régimen cerrado” expresó.  

Asimismo, la abogada explicó que hay adolescentes que de manera aislada cometieron un delito, “frente a los cuales, sin duda lo mejor es evitar su ingreso al sistema", aseveró.

Por último, "desde una perspectiva más alentendaora", la defensora valoró la vinculación de la Defensoría con el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Las Gaviotas, en Valdivia, en tanto es parte del seguimiento en conjunto del plan de  intervención de los jóvenes, donde hay casos auspiciosos de adolescentes ya insertos en el medio laboral, a los que muy pronto se les gestionará audiencia de sustitución de sanción, para revertir su privación de libertad.

“Eso da cuenta, por cierto, de que no todo es malo. Hay resocialización, programas que funcionan y un número considerable de chicos a los que se les ha sustituido el régimen cerrado y no han regresado nunca más  al sistema“, concluyó la defensora pública.

Escuche el programa completo en http://www.derecho.uach.cl/noticias/?p=4911

 






 

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