Sala de Prensa

02/09/2016

El trabajo de la Defensoría con las jóvenes más vulnerables del sistema penal

La importancia de un apoyo más personalizado a las adolescentes privadas de libertad

Con sólo siete niñas cumpliendo penas privativas de libertad en Santiago, la labor con ellas permite una dedicación que mejora ostensiblemente los objetivos de rehabilitación y reinserción social de las menores.

Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.

Un grupo de niñas de 14 a 17 años entra a una sala, desenvolviéndose como muchas adolescentes de su edad. Visten jeans, zapatillas deportivas, largas cabelleras con trenzas y otros adornos, pero cuando se sientan y desaparecen los murmullos y las risas, dejan ver toda su vulnerabilidad.

Son las siete adolescentes que han sido condenadas por la justicia penal a penas privativas de libertad en el Centro de Régimen Cerrado (CRC) Femenino de Santiago, recinto a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename), cuya custodia perimetral es responsabilidad de funcionarios de Gendarmería.

Como ocurre periódicamente, se disponen a conversar sobre sus casos con las profesionales de la Unidad de Defensa Penal Juvenil (UDPJ) de la Defensoría Regional Metropolitana Norte (DRMN).

Las jóvenes, todas inmersas en contextos de pobreza, viven una realidad muy compleja. Enfrentan condenas que van de tres a siete años, períodos que a tan corta edad representan un gran porcentaje de sus vidas. Los defensores penales juveniles Karina Reyes y Leonardo Di Doménico, junto a la asistente social Carla Naranjo, visitan periódicamente este centro, como también los centros cerrados de adolescentes varones.

BUENAS CONDICIONES
Las distintas realidades de los centros de menores de hombres y mujeres muestran diferencias esenciales, que parten con su población. En Santiago hay dos centros de varones, que concentran 154 condenados privados de libertad -87 en Titil y 67 en San Bernardo-, número que dificulta el trabajo en pos de los objetivos de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), que busca sacar a los menores infractores del mundo del delito a través de intervenciones dirigidas a la rehabilitación y reinserción social de los jóvenes.

A estos condenados hay que agregar otros 287 menores con causas pendientes sometidos a la medida cautelar de internación provisoria en el Centro San Joaquín del Sename mientras dura la investigación de sus casos, quienes también distraen recursos humanos y materiales de la institución. Para las mujeres, en cambio, en Santiago sólo existe un centro cerrado, cuyo personal puede trabajar bien con sus siete internas.

En el diálogo con las defensoras públicas y la asistente social de la DRMN las jóvenes expresaron su disposición a reinsertarse en la sociedad. Una, por ejemplo, está postulando a una beca para poder estudiar y otra inició trámites para postular a un subsidio para la vivienda.

En el contexto del mismo diálogo, las consultas de las internas apuntaron a saber si podían acceder a beneficios y sustitución de penas de cumplimiento en libertad. Las defensoras les respondieron caso a caso. También les informaron detalladamente acerca de los derechos que tienen como menores privadas de libertad.

La visita concluyó con tentempié elaborado por las propias adolescentes.

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