Sala de Prensa

26/09/2016

Tras recurso de la Defensoría Penal Pública

Corte de Puerto Montt rechazó expulsión de ciudadana colombiana

El tribunal determinó que la causal invocada por el Ministerio del Interior no puede ser aplicada sin una investigación penal previa y con las garantías del debido proceso.

Por Jorge Mansilla Macías,
Defensoría Regional de Los Lagos. 

Con una orden de no innovar, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt dejó sin efecto una resolución previa que expulsaba de Chile a una ciudadana colombiana, tras resolver a favor del recurso de amparo presentado por la Defensoría Regional de Los Lagos.

Germán Echeverría, abogado de la Unidad de Estudios de Los Lagos y patrocinante en el caso, explicó que el recurso surgió de la revisión de los antecedentes de la expulsión: “El fundamento de la decisión es ilegal, porque se sostiene que ella habría ingresado clandestinamente al país a principios del 2013, lo que constituye un delito que no se ha probado judicialmente”.

En este escenario, y siendo imputada de un delito, indicó el abogado, no podía proceder la expulsión de la ciudadana colombiana. “No puede ser expulsada por una resolución administrativa, cuando está siendo imputada de un delito penal. Para que proceda la medida debe acreditarse más allá de toda duda razonable la participación culpable en el delito que se le imputa, en una investigación penal donde se resguarden todas las garantías del debido proceso, lo que a la fecha no ha ocurrido”, aclaró.

CORTE ACOGIÓ
La presentación de la Defensoría Penal Pública fue acogida por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, a través de esta resolución, que dejó sin efecto la expulsión de la mujer desde el territorio nacional, así como también “los demás actos que sean consecuencia de ella”.

El Jefe de Estudios de la Defensoría Regional, Gustavo Peñailillo, destacó el trabajo realizado en la causa: “En este caso, nuestra intervención fue motivada por el hecho de que a esta ciudadana se le aplicó una sanción a partir de una imputación penal. Sin embargo, la pena de expulsión se aplicó sin un debido proceso, que es precisamente lo que buscamos como Defensoría, es decir que nadie sea condenado sin un juicio previo, racional y justo”, concluyó.

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