Sala de Prensa

28/09/2016

Defensor Nacional, Andrés Mahnke, al inaugurar seminario sobre derecho al olvido:

“Necesitamos proteger la dignidad de las personas en internet”

La Defensoría Penal Pública y el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica organizaron un seminario internacional que busca instalar la urgencia de un debate sobre normas que permitan eliminar datos personales que vulneren los derechos de las personas, sobre todo si han resultado inocentes de una imputación penal.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

Al inaugurar esta mañana el seminario internacional “Dignidad en internet: derecho al olvido versus derecho a la información”, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, planteó la urgencia de avanzar en Chile hacia una legislación que proteja adecuadamente no sólo la dignidad de personas inocentes que siguen apareciendo permanentemente como imputadas en las redes sociales, sino también a quienes, habiendo sido condenados como responsables de un delito, siguen recibiendo una sanción social que vulnera sus derechos.

“Las vidas de estas personas resultan afectadas aún después de resueltas las causas penales que las involucraban, incidiendo en que duren poco en sus trabajos o vean directamente dañadas sus relaciones familiares y de amistad, básicamente por los prejuicios que la permanencia de la sospecha penal genera sobre ellas”, explicó.

El encuentro, que reunió en el salón de honor de la Universidad Católica a expertos nacionales e internacionales en derecho a la información, protección de datos y privacidad en internet, fue organizado por la Defensoría Penal Pública y el Centro de Estudios Internacionales de la UC.

Tal como señaló Mahnke, su objetivo principal fue “instalar este debate y sensibilizar a todos los actores relacionados, para avanzar derechamente hacia una legislación acorde con la urgencia de este problema. Todas estas personas inocentes merecen poder retomar sus vidas sin ser estigmatizadas por la información que aparece sobre ellos en internet”.

INOCENTES AFECTADOS
Para dimensionar la gravedad de un problema que la ley vigente en Chile no ha recogido, el directivo explicó que más del 13 por ciento de las personas atendidas por la Defensoría en 2015 terminaron sus causas como inocentes o no condenadas, pero que de esas 47 mil personas, más de 2 mil 700 debieron pasar parte o el total de ese proceso en prisión preventiva.

“Ello nos ofrece una muestra de la dimensión de los complejos efectos que una imputación errónea o falsa puede tener sobre cualquier persona afectada por la sanción social asociada implícitamente a cualquier delito”, que aumentan exponencialmente en una sociedad como la actual, en que internet recoge y difunde profusamente la información de los medios de comunicación.

“La mayoría de nosotros no tenemos siquiera conciencia de que mucha de la información que encontramos allí puede corresponder no sólo a datos personales protegidos, sino además ser antigua, parcial, descontextualizada o incluso falsa. Pese a todo, confiamos en ella”, indicó.

FALTA DISCUSIÓN MAYOR
Mahnke advirtió, sin embargo, que el debate pendiente sobre el ‘derecho al olvido’ debe ser sólo el principio de una discusión mayor, “que involucra no sólo un debate global entre derecho a la información y derecho al olvido, sino también sobre la reparación que merecen personas cuya honra ha sido dañada en internet, sobre una ley de protección de datos personales considerada aún insuficiente en el país y sobre el escaso avance legislativo que hemos logrado en torno a materias tan relevantes”.

“Esperamos fervientemente que la amplitud y diversidad de los temas involucrados en esta discusión capten no sólo el interés y la atención de todos ustedes, sino también del gobierno y los parlamentarios, quienes serán finalmente los llamados a avanzar para resolver estos problemas. Necesitamos proteger la dignidad de las personas en internet”, concluyó.

PANELES DE DEBATE
Tras las presentaciones iniciales hechas por el Defensor Nacional, el decano de Derecho de la Universidad Católica, Carlos Frontaura, y el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), José Luis Santa María, comenzó el desarrollo del seminario, dividido en cuatro módulos de debate.

En el primero, el director adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Jesús Rubí, expuso sobre “la arista jurídica de la protección de los derechos de las personas en internet: ¿está al día la legislación chilena?”. El panel, moderado por el abogado Francisco Javier Leturia, profesor de derecho de la Universidad Católica, estuvo integrado además por Alex Pesso, director legal y de asuntos corporativos de Microsoft Chile, y Andrea Ruiz, directora jurídica del CPLT.

En el segundo módulo, el experto José Álvaro Quiroga, miembro del comité ejecutivo de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, expuso sobre “el difuso límite entre la vida privada y el derecho a la información en internet”.

Con el jefe del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública como moderador, este tema fue revisado luego por Federico Deya, senior counsel de Google para Latinoamérica; Rodolfo Figueroa, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, y Álvaro Caviedes, vicepresidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y miembro de la Comisión de Derecho al Olvido de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En el siguiente panel, relativo a “la vulneración de la privacidad y datos personales: ¿vicios o vacío legal?”, el abogado Rodrigo Ferrari -twittero querellado por Andrónico Luksic, por una supuesta usurpación de identidad- fue entrevistado por la periodista Beatriz Sánchez, con los comentarios del decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, Eduardo Arriagada, y del director de incidencias de la ONG Derechos Digitales, Wladimir Garay.

Por último, el director ejecutivo del Centro de Información de Privacidad Electrónica (EPIC), Marc Rotenberg, presentó una ponencia sobre “el avance del derecho al olvido en el mapa mundial”, debate que fue moderado por Milenko Bertrand-Galindo, profesor de derecho de la Universidad Católica, y comentado por Romina Garrido, presidenta de la ONG Datos Protegidos, y Claudio Magliona, miembro de la Fundación ProBono.

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