Sala de Prensa

25/10/2016

Columna de opinión

15 años de la Defensoría en nuestra región

El siguiente artículo fue escrito por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, y publicado por el diario Chañarcillo el pasado lunes 24 de octubre.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensoría Regional de Atacama.

El 16 de octubre de 2001 entró en vigencia la reforma procesal penal en la Región de Atacama, como parte de la segunda fase de la instalación gradual del nuevo sistema procesal penal en nuestro país, que vino a reemplazar al antiguo sistema inquisitivo que regía desde 1906. Ese modelo de juzgamiento no cumplía con los mínimos estándares internacionales ni con las garantías individuales personales que nuestro país debía respetar y observar, por la suscripción de relevantes instrumentos internacionales de derechos humanos.

En el marco de la aplicación de la política pública más exitosa del último tiempo, como fue la reforma procesal penal, se inscribe la instalación de la Defensoría Penal Pública en la Región de Atacama, con la misión primordial de brindar defensa penal de alta calidad a todas los personas que lo requirieran, dejando atrás un sistema de defensa penal atrasado e ineficiente, que era discriminatorio para las personas de escasos recursos que no podían contar con un abogado privado y que, por cierto, no cumplía con parámetros de calidad suficiente para asegurar un acceso igualitario de las personas al derecho fundamental a la defensa penal.  

Hoy, luego de 15 años, nos encontramos con un servicio ampliamente reconocido por la comunidad, con el orgullo de estar varias veces dentro de los finalistas del premio a la excelencia institucional e incluso con la satisfacción de haberlo obtenido, enfocados primeramente en la transformación de la Defensoría en una institución autónoma, abocados al perfeccionamiento del subsistema privado de defensa (defensa penal licitada), renovando nuestros planes de capacitación, trabajando en el mejoramiento de los estándares de calidad de la defensa penal, enfocados en la excelencia institucional y en el compromiso de aportar valor público en la prestación del servicio.

Los desafíos que presenta una sociedad como la chilena, en permanente desarrollo y evolución, nos han llevado, de manera preclara, a comprender la relevancia de la diversidad y el necesario enfoque en los derechos fundamentales que requiere el trabajo con los diversos grupos que conforman nuestra sociedad.

Así, hemos desarrollado y posicionado a nivel país el "Proyecto Inocentes", un importante trabajo que pretende demostrar las falencias del sistema y enmendarlas. Asimismo, hemos emprendido líneas de defensa penal especializada que son reconocidas nacional e internacionalmente, como la defensa penal adolescente, la defensa penal de migrantes, de pueblos originarios, el enfoque de género, la defensa penitenciaria, la defensa de personas con discapacidad mental, el enfoque en los grupos LGTBI, entre otros, lo que se traduce en que los grupos más vulnerables socialmente tengan acceso real a una justicia para todas y todos, con una defensa penal que escuche, comprenda y represente efectivamente a todas las personas.

Los desafíos y necesidades de mejoramiento que el sistema procesal penal requiere actualmente son varios. De hecho, sobre esto debatimos ampliamente en un seminario que organizamos esta semana con la Universidad de Atacama, donde participaron el Poder Judicial, la Defensoría, el Ministerio Público, la academia entre otros.

Pero quizás la más relevante tarea que los operadores del sistema tenemos por delante es la coordinación interinstitucional y la comunicación eficiente a la comunidad del funcionamiento del sistema y de las reales posibilidades que éste tiene en materia de seguridad pública, de manera de contribuir a la legitimación del sistema de justicia penal, piedra angular del estado de derecho democrático, que es necesario preservar y fortalecer.

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