Sala de Prensa

02/11/2016

Con las palabras inaugurales de la Defensora Regional y dos exposiciones posteriores

Defensoría expuso con fuerza su postura en seminario sobre derechos humanos en el sistema penitenciario

El evento fue organizado conjuntamente por la Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría Regional y Gendarmería de Chile.

Por Julia Arriagada Marquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

Los efectos de la privación de libertad en el ejercicio de los derechos de los internos fue el pilar de análisis de los expositores que participaron en un 'Seminario de derechos humanos en el sistema penitenciario' organizado en Antofagasta y en el cual intervinieron invitados especiales y funcionarios de Gendarmería.

La actividad, organizada por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría Regional y la Unidad de Derechos Humanos de Gendarmería, se desarrolló en el salón Andrónico Lucksic de Ferrocarril. Allí expusieron, entre otros, el jefe de Estudios de la Defensoría Regional, Ignacio Barrientos, y el coordinador de defensa penitenciaria, Roberto Vega Taucare.

Al inicio de la jornada, la Defensora Regional, Loreto Flores Tapia, destacó en su discurso inaugural que “el trabajo penitenciario no es fácil y eso lo debemos reconocer quienes a diario nos vinculamos paralelamente a la labor de Gendarmería. Basta un pequeño recorrido por la historia para reconocer una sustancial evolución desde los rudimentarios centros penales hasta las actuales cárceles concesionadas. Sin embargo, mejoran la infraestructura y las condiciones, pero en todos estos espacios se siguen dimensionando los efectos de la privación de libertad, tanto para penados como para custodios”.

En tanto, en su exposición “Sistema penitenciario y derechos humanos", Ignacio Barrientos destacó que “hasta hace pocos años la pena de privación de libertad justificaba por sí misma la restricción consecuencial de un sinnúmero de derechos. La introducción de los derechos humanos al mundo penitenciario incorporó otra mirada: la privación de libertad sólo afecta legítimamente el derecho a la libertad ambulatoria”.

El jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Antofagasta destacó la permanente búsqueda de la Defensoría por elevar los estándares de protección de las garantías de todas las personas que se encuentran privadas de libertad, aunque ello implique a veces tener que enfrentarse jurisdiccionalmente con Gendarmería.

“Nuestra institución no desconoce que hemos avanzado en el trato y la calidad de vida de quienes se encuentran recluidos en los centros penales, pero no es menos cierto que hemos debido desarrollar una intensa actividad de garantes de los derechos de los internos, lo cual nos ha llevado en algunas ocasiones a presentar recursos y exigir acciones de la justicia frente a hechos puntuales. Es nuestro deber y lo cumplimos a cabalidad”, agregó Barrientos.

DEFENSA PENITENCIARIA
Durante la tarde correspondió el turno de la exposición de Roberto Vega Taucare, quien junto con resaltar los criterios sobre los cuales se creó esta unidad en la Defensoría Penal Pública, explicó a los asistentes el rol que desarrolla en el sistema penitenciario.

“Hoy el tema penitenciario es un reto para el sistema democrático, el que debe fundarse en el respeto irrestricto de los derechos humanos incluidas la personas privadas de libertad, ya que la forma de la ejecución penal es un indicador del grado de respeto del estado de derecho”, sostuvo.

De igual forma, resaltó que existen derechos que no pueden ser suspendidos o restringidos en ninguna circunstancia. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (Corte IDH) ha establecido que la restricción de otros derechos, por el contrario –como la vida, la integridad personal, la libertad religiosa y el debido proceso– no sólo no tiene justificación fundada en la privación de libertad, sino que también está prohibida por el derecho internacional”.

Adicionalmente, Vega se refirió a la forma de trabajo de la defensa penitenciaria, que en la región está integrada por dos abogados defensores y dos asistentes sociales, equipos que atienden a los reclusos condenados de la región, sumando un total promedio de mil 560 personas.

“No cabe duda que es una labor intensa y permanente, pero este equipo se enorgullece del trabajo que asume, porque la privación de libertad es una condición que arremete contra todas las aristas del ser humano. Es una manifestación de poder que incide en todos los derechos de las personas y nuestra labor es devolverles su humanidad, el respeto que merecen y evitar las vulneraciones de que son objeto”, finalizó.

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