Sala de Prensa

21/06/2017

Defensor Regional del Biobío y Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA):

“A 10 años, aún no hay una total especialización de todos los intervinientes del sistema”

Osvaldo Pizarro analizó en el “Diario de Concepción” los principales avances y temas pendientes en materia de defensa penal juvenil tras cumplirse diez años desde la entrada en vigencia de la norma para los menores infractores de ley.

Por Victoria Haquin V.,
Defensoría Regional del Biobío.

A propósito de cumplirse recientemente diez años desde la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), el “Diario de Concepción” entrevistó al Defensor Regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, y a la directora técnica de la Fundación Tierra de Esperanza, para conocer los avances y temas pendientes en la materia.

Ambos valoraron la existencia de esta norma, pero aseguraron que faltan muchos pasos para que el sistema penal juvenil sea realmente especializado y cumpla el objetivo para el que fue creado: lograr que los adolescentes que violan las leyes logren rehabilitarse en la sociedad y en sus comunidades.

Osvaldo Pizarro señaló que lo positivo de la existencia de esta ley es “que establezca sanciones, que éstas tengan como orientación el interés superior del adolescente como un mandato y que todas estas sanciones tengan como objetivo la reinserción y la rehabilitación de los jóvenes infractores de ley, por lo que tiene la obligación de establecer intervinientes especializados y que conozcan estas causas”.

Aunque también destacó que exista un catálogo de sanciones especiales para los adolescentes, precisó que más allá de la existencia de esta ley el sistema tiene tres falencias que impiden su correcto funcionamiento.

“A diez años, aún no hay una total especialización de todos los intervinientes del sistema, sino que únicamente existen abogados especializados de la Defensoría Penal Pública, quienes cubren el 70 por ciento de la demanda de causas de adolescentes en la Región. Sin embargo, no hay ni jueces ni fiscales especializados para atender estas causas”, advirtió.

CAPACITACIÓN DE OPERADORES
Agregó que, según han detectado los informes de la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad de Adolescentes, faltan capacitaciones específicas en los operadores de los programas de intervención, “como los profesionales y educadores de trato directo del Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado (CIP-CRC) del Sename. Falta una especialización de ellos en el ámbito de la ejecución de sanciones y medidas cautelares”.

El Defensor Regional enfatizó que “falta resolver el tema de los adultos que tienen una sanción de adolescentes y que cumplen las sanciones cuando ya perdieron todo su objetivo”. Esto, en casos donde se dictan las condenas cuando ya son mayores de edad.

En cuanto a infraestructura, Pizarro recordó que en la región apenas hay un centro semicerrado y uno cerrado para menores. “Hay una falencia importante, considerando que esta región tiene 14 recintos penitenciarios privativos de libertad para adultos, lo que hace que cualquier adolescente que es objeto de estas sanciones sufre un desarraigo social y familiar del lugar donde habita”.

La nota completa se encuentra en siguiente link:

http://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2017/06/17/expertos-llevan-al-banquillo-la-ley-de-responsabilidad-penal-adolescente.html

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