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Fundación Paz Ciudadana propuso dotar de autonomía constitucional a la Defensoría

07/08/2017

En sus recientes ‘Propuestas presidenciales en seguridad y justicia 2018-2022’

Fundación Paz Ciudadana propuso dotar de autonomía constitucional a la Defensoría

En el ámbito de las mejoras en la persecución y juzgamiento de los delitos, el documento considera “fundamental” este paso, para permitir a la institución “participar con una posición más sólida en el debate público”.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

Como parte de las ‘Propuestas presidenciales en seguridad y justicia 2018-2022’ que entregó la semana pasada, la Fundación Paz Ciudadana consideró “fundamental” dotar a la Defensoría Penal Pública de un estatus de autonomía constitucional, a partir de lo cual propuso que, durante este período “ingrese a tramitación el anteproyecto” que permitiría a la institución contar con ese rango respecto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según la fundación, el principal objetivo de esta medida es que la Defensoría “pueda participar con una posición más sólida en el debate público, facilitar la igualdad de herramientas y asegurar la estabilidad de los presupuestos para el ejercicio de la defensa”.

Las propuestas de Paz Ciudadana se presentaron ordenadas en cuatro ejes temáticos: creación de un ‘Sistema nacional de prevención de la violencia y el delito’; modernización de las policías a través de intervenciones multinivel; mejoras en la persecución y juzgamiento de los delitos, y sancionar para reinsertar, respectivamente.

Para cada uno de ellos se plantea un diagnóstico general y una definición de ‘nudos críticos’, a partir de los cuales se entregan diversas propuestas específicas para cada ámbito.

PROBLEMA PRINCIPAL: DELINCUENCIA
Previamente, la introducción del documento explica que, tal como lo han demostrado las encuestas CEP 2015, 2016 y 2017, “los chilenos llevan años considerando que uno de los tres principales problemas a los que el gobierno debería dedicar el mayor esfuerzo para solucionar es la delincuencia”.

Aunque valora “importantes avances en la materia” -como la creación de nuevas instituciones, el aumento del presupuesto destinado a la persecución del delito y la reforma a la justicia penal-, el texto advierte que la política pública en seguridad y justicia “continúa siendo eminentemente reactiva, lo que implica que menos del 10 por ciento de los recursos gastados en el área sean destinados a prevenir los delitos”.

El texto explica luego que, en ese contexto, la fundación entrega las siguientes propuestas con el “convencimiento de que el próximo gobierno debe asumir los desafíos pendientes y no dejar pasar la oportunidad de contribuir significativamente en la construcción de un país más seguro” y con la idea de “aportar al diseño e implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que conformará las bases para una sociedad que conviva en paz”.

LOS DIAGNÓSTICOS
Respecto del primer punto, por ejemplo, el diagnóstico señala dos ideas centrales: que “la actual institucionalidad encabezada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública no ha resultado ser lo más eficiente para liderar los temas de seguridad” y que “Chile gasta mal los recursos destinados a seguridad y justicia”, pues invierte sólo un 10 por ciento del presupuesto del área en prevención”.

En el segundo ámbito, vinculado a la idea de modernizar a las policías, señala que en la actualidad “el país vive una de las peores crisis en materia policial”, lo que hace necesario impulsar cambios necesarios para “incrementar su eficacia, legitimidad y recuperar la confianza ciudadana”. Agrega que es necesario crear mecanismos para aumentar la eficacia en la prevención y el control del delito, contar con sistemas para evaluar el desempeño policial, de manera que esa mayor transparencia “facilite su conducción oportuna desde la autoridad civil”.

En el área de las mejoras en la persecución y juzgamiento de los delitos, Paz Ciudadana explica que aunque en Chile hay cerca de 100 mil adultos y 10 mil jóvenes cumpliendo condenas, tanto en el medio libre como privados de libertad, aquellos que por su nivel de reincidencia presentan un alto riesgo delictivo serían unas 5 mil a 6 mil personas adultas y un número similar de adolescentes, de modo que “la población respecto de la cual el Estado debiera focalizar respuestas o intervenciones (…) sea probablemente del orden de 10 mil personas”.

El documento plantea también que el sistema de justicia penal tiene mayores grados de éxito en delitos de mayor gravedad, sobre todo en casos con imputado conocido, mientras que ocurre a la inversa en la mayoría de los delitos que afectan a la población, que son delitos menores contra la propiedad y sin imputado conocido. Según el texto, lo anterior y la falta de control sobre las medidas cautelares que se cumplen en el medio libre “han afectado la credibilidad del sistema y la evaluación que la ciudadanía hace de fiscales y jueces”.

Por lo mismo, indica la necesidad de robustecer el análisis criminal dentro de la política de persecución del Ministerio Público y dentro del rol que juegan en ello los órganos auxiliares y de coordinación, y luego tomar medidas para “abordar la legitimidad de estas instituciones”.

Por último, bajo la temática de ‘sancionar para reinsertar’, el documento señala que la tasa de reclusión es comparativamente alta en Chile, porque cerca del 40 por ciento de las personas condenadas estás privadas de libertad, cifra que en otros países es de 30 por ciento. También agrega que “la cárcel es una respuesta cara”, porque cada preso cuesta unos 700 mil pesos al mes, lo que no sólo es poco efectivo, sino que genera efectos criminógenos. Agrega, finalmente, que existe consenso en que el sistema para los jóvenes infractores “debe ser reformado”, separándolo del ámbito de la protección de niños y adolescentes vulnerados.

LAS MEDIDAS
I. Prevención del delito:
• Modernizar la Política Nacional de Seguridad Pública enfocándola en la prevención.
• Desarrollar programas de prevención temprana de la violencia y el delito focalizados en niños y adolescentes.
• Fortalecer los Consejos Comunales de Seguridad y ampliar su instalación a nuevas comunas, con más recursos y con más capacitación para sus equipos.
• Mejorar la seguridad de los espacios públicos aplicando criterios de prevención delictual en la planificación urbana.

II. Modernización policial:
• Garantizar que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública defina las estrategias y controle el accionar de las policías tal como dicta la ley, además de enfocar las acciones de Carabineros hacia la prevención del delito.
• Crear en Carabineros la especialidad de ‘policía comunitaria’, dedicada a ejecutar estrategias de reducción del delito.
• Regular las labores investigativas de la PDI y Carabineros, para reducir la descoordinación y las ineficiencias.
• Crear una policía de tránsito en el nivel regional, para liberar a Carabineros de estas tareas y privilegiar la prevención de los delitos en esos territorios.

III. Persecución y juzgamiento:
• Crear un sistema de control para asegurar que las primeras diligencias investigativas logren levantar pruebas suficientes para resolver los delitos.
• Centrar la investigación de la Fiscalía en focos y bandas criminales, mercado de bienes robados y narcotráfico
• Sacar del sistema penal a infractores primerizos con adicciones, sometiéndolos a los Tribunales de Tratamiento de Drogas.
• Crear tribunales y salas especializadas en responsabilidad penal adolescente, para establecer sanciones que promuevan su reintegración social.
• Mejorar las medidas de protección a víctimas de violencia intrafamiliar y de delitos contra la integridad sexual, utilizando métodos electrónicos de alerta.

IV. Sanción y reinserción:
• Promover un nuevo Código Penal, que permita incorporar y perseguir nuevos delitos, como los ambientales o cibernéticos, con sanciones apropiadas.
• Crear un servicio especializado en la reinserción social de los jóvenes, con programas adecuados a las necesidades de cada infractor.
• Modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) para promover sistemas alternativos de resolución de conflictos penales y corregir falencias.
• Promover una ley de ejecución de penas que genere estándares mínimos en control de cumplimiento, provisión de programas y respeto de derechos y deberes de los condenados.
• Fortalecer la función de reinserción social de Gendarmería de Chile, mejorando sus capacidades para ello.

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