Sala de Prensa

23/10/2017

Durante jornada anual:

Equipos penitenciarios de Los Lagos evaluaron su primer año

Abogados y trabajadoras sociales destacaron haber sido capaces de insertarse como intervinientes legitimados y eficaces en la representación de los derechos de los condenados.

Por Jorge Mansilla Macías
Defensoría Regional de Los Lagos

 

Una positiva evaluación del primer año de funcionamiento del programa de defensa penal pública penitenciaria de la Región de Los Lagos realizaron los equipos profesionales encargados de esta tarea, durante la Primera Jornada de Evaluación Anual realizada en Puerto Montt, en el Auditorio de la Universidad Santo Tomás.

Entre los logros de los equipos penitenciarios de Chiloé, Llanquihue y Puerto Montt, compuestos por abogados y trabajadoras sociales, los participantes destacaron haber conseguido, a través del ejercicio de acciones constitucionales, que la libertad condicional sea reconocida como un derecho y no como un beneficio cuya concesión queda confiada a la discrecionalidad de las autoridades de turno, al punto que ya no se discute que todo condenado que ha cumplido los mínimos de pena exigidos por la ley y ha intervenido exitosamente en las actividades de reinserción social puede acceder a la libertad bajo condición.

En materia de cifras, la provincia en la que más ingresaron requerimientos fue la de Llanquihue, con 471 casos. La siguieron Osorno, con 382, y Chiloé, con 236. De este total de 1.089 causas, 137 se mantienen en trámite.

La misma consolidación como intervinientes en favor de las personas privadas de libertad ha ocurrido en materia de tutela judicial de la libertad. En este plano, los equipos de defensa de Chiloé y Osorno han logrado que los tiempos de prisión preventiva impuestos en diversas causas sean efectivamente abonados sin restricciones a las condenas que actualmente se encuentran en ejecución. En el cumplimiento de dicho objetivo han resultado fundamentales las herramientas jurídicas provistas por la Unidad Nacional de Estudios de la Defensoría Nacional, entre las que destaca el informe en derecho elaborado por el destacado penalista y académico Héctor Hernández Basualto.

De acuerdo a lo expresado por el coordinador regional del programa de defensa penitenciaria, Germán Echeverría, los énfasis del trabajo de defensa se han concentrado en el ejercicio de acciones constitucionales destinadas a salvaguardar la seguridad y libertad personal de los condenados, y en la debida atención de los requerimientos de defensa técnica que plantean los propios condenados, sus familias y terceros interesados en la promoción y defensa de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

"Desde la Unidad de Estudios hemos enfatizado, asimismo, en la necesidad de intervenir más activamente en el control de legalidad del régimen sancionatorio aplicado al interior de las cárceles de la región, y en la calificación administrativa de la conducta de los internos y su incidencia en el acceso a las posibilidades de rebaja de condenas y acceso a beneficios intrapenitenciarios, tales como permisos de salida dominical, de fin de semana y de acceso controlado al medio libre, entre otros", indicó Echeverría.

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