Sala de Prensa

09/03/2018

Permitirá también monitorear, detectar y reparar casos de tortura cometidos por agentes del Estado

Defensor Nacional suscribió convenio interinstitucional para la prevención de la tortura en Chile

El trabajo previo se inició hace un año y medio, cuando el INDH convocó a crear una mesa de trabajo a la Defensoría, el Ministerio Público, la Corte Suprema, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Sename, el Servicio Médico Legal, Gendarmería, Carabineros y la PDI.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

Junto a representantes de las restantes nueve instituciones que respaldan la iniciativa, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, suscribió esta mañana un convenio marco de cooperación, a través del cual esta entidades colaborarán en conjunto en la “formación, promoción y difusión de los derechos humanos, que sean de interés mutuo, en particular en los relativo a casos de tortura” en el país.

El documento fue suscrito también por representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Servicio Nacional de Menores (Sename), el Servicio Médico Legal (SML), Gendarmería de Chile, Carabineros y la Policía de Investigaciones, organismos que junto con la Defensoría promoverán el desarrollo de mecanismos que permitan, entre otras cosas, “monitorear, prevenir y detectar los casos de tortura cometidos por las distintas instituciones del Estado”.

Al felicitar este acuerdo interinstitucional, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, agradeció a los participantes por firmar este acuerdo en “una universidad pública como ésta, que se pone al servicio del país para los temas que al país le interesan, entre ellos el de los derechos humanos en primerísimo lugar”, sostuvo.

Luego cuestionó “la frívola idea” de que la tortura es un tema del pasado, porque los abusos, torturas y otras violaciones de derechos humanos son cuestiones lamentablemente actuales. “Podría extenderme muchísimo si comenzara a hablar del trato de los agentes del Estado al pueblo mapuche o de la situación carcelaria de los privados de libertad en los recintos penitenciarios (…) Hoy, en marzo de 2018, la tortura en Chile existe”, aseguró.

Por lo mismo, Harasic valoró que “todas las instituciones aquí presentes reconocemos en la tortura una de las violaciones más graves a los derechos humanos y entendemos la importancia de promover toda actividad dirigida a prevenir la ocurrencia de este hecho en nuestro país”.

En la misma línea, el Defensor Nacional explicó que el acto de hoy, “de darnos cuenta de que tenemos que fortalecer la visión de los derechos humanos en nuestro país, tiene que ver con reforzar la igualdad ante la ley, donde se juega mucho del estado de derecho y de cómo el Estado no apremia ilegítimamente a sus ciudadanos”, aclaró.

MESA INTERINSTITUCIONAL
Tal como explicó luego la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, el trabajo entre las instituciones que suscribieron el convenio comenzó hace un año y medio, cuando el INDH las convocó a crear una mesa interinstitucional de prevención de la tortura, bajo la noción de recoger las obligaciones que el Estado y sus instituciones tienen para prevenir, sancionar y reparar ese delito y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Agregó que la firma del acuerdo tiene un profundo significado y una alta relevancia para el INDH, porque “la historia de la lucha contra las prácticas deshumanizantes como la tortura, la esclavitud y otras diversas formas de cosificación de los seres humanos es de larga data, y si bien no ha bastado hasta ahora para erradicarlas por completo, se ha logrado al menos un consenso internacional e intercultural en orden a prohibirlas absolutamente y a no permitir su justificación bajo ninguna circunstancia”, señaló.

En cuanto al trabajo pendiente, explicó que según cifras del Ministerio Público de 2010 a 2017, se han presentado más de mil 600 acciones para investigar situaciones catalogadas como tormentos o apremios ilegítimos por el antiguo artículo 150 A del Código Penal, con unas 2 mil 400 víctimas identificadas y poco más de 2 mil imputados. “De estas investigaciones, sólo 20 han terminado en sentencias condenatorias. Sin duda, debemos avanzar”, advirtió.

En detalle, el convenio promueve la adopción conjunta, entre las instituciones firmantes, de compromisos específicos en materia de registro de información estadística sobre estos temas, la protección de las víctimas de estos delitos y la formación en derechos humanos tanto para sus funcionarios como para la población en general, entre otras tareas.

 

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