Sala de Prensa

20/04/2018

Columna de opinión

Expansión de la prisión preventiva en Chile

El siguiente artículo, publicado por el diario El Divisadero, fue escrita por el Defensor Regional de Aysén, Jorge Moraga Torres.

Por Jorge Moraga T.,
Defensor Regional de Aysén.

La semana pasada el Defensor Nacional, Andrés Mahnke Malschafsky, rindió su balance de gestión anual, en el marco de la 'Tercera feria de derechos ciudadanos' organizada en la ciudad de Santiago.

En su discurso, el Defensor Nacional entregó no sólo información relevante sobre nuestra institución, su misión, objetivos, énfasis de gestión y resultados obtenidos en los últimos doce meses, sino que además puso de manifiesto una serie de situaciones que nos preocupan sobre manera.

Es así que el tema central de su discurso fue el de la presunción de inocencia y el modo en que, como sociedad, hemos ido olvidando su real importancia e impacto. El abuso de la prisión preventiva, el desequilibrio del sistema de justicia penal producto de la promulgación de leyes que restringen cada día más los derechos de las personas y que terminan no siendo efectivas, el descenso de la confianza de las personas en el sistema y sus instituciones fueron también temas abordados en esta oportunidad, en que nuestra institución pudo poner los acentos en aquellas áreas que nos parecen de urgente análisis y tratamiento.

Los registros institucionales muestran que los inocentes en prisión preventiva pasaron de mil 500 a más de 3 mil entre los años 2006 y 2017, lo que implica un crecimiento de más del cien por ciento en once años. En términos muy concretos, la lectura de estas estadísticas nos señala que el problema es que, en tanto no resguardemos el principio de inocencia, todos estamos expuestos a enfrentar a la justicia penal por una acusación errónea y peor aún, pese a que pudiéramos asegurar que no cometeremos un delito, de igual manera, todos podríamos ir a la cárcel.

Según detalló nuestro Defensor Nacional, las cifras del año 2017 señalan otros datos preocupantes: además del notorio crecimiento de la prisión preventiva en general a nivel nacional, su aplicación aumenta en particular en más de un 50 por ciento tratándose de imputados extranjeros o indígenas.

Chile es el país con la tasa más alta de encarcelados de América del Sur y, por si ello fuera poco, según cifras recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país ocupa el cuarto lugar entre las naciones que integran ese bloque, con 237 presos por cada 100 mil habitantes, ámbito en que sólo es superado por Estados Unidos (666), Israel (265) y Turquía (254).

Sumado a lo anterior, preocupa también la baja alarmante de la confianza y evaluación pública general hacia el sistema de justicia y de todos sus actores, incluidos nosotros, lo que quedó reflejado  en  la segunda auditoría de percepción externa de nuestro servicio, realizada por el Departamento de Estudios Sociales de la Universidad Católica (DESUC).

Según este estudio, el 71 por ciento de las personas consultadas considera que en Chile la justicia no es igual para todos, únicamente un 21 por ciento cree que todas las personas acusadas de cometer un delito tienen acceso a un juicio justo y sólo el 15 por ciento cree que el sistema de justicia condena correctamente a los culpables y absuelve a los inocentes.

Ante esta evidencia, no podemos permanecer ciegos, sordos y, menos aún, mudos. Nuestro deber es señalar, con convicción y fundamento, aquellas áreas en las que estamos fallando como sistema de justicia y como intervinientes.

Afortunadamente vivimos en un país democrático y republicano. Nuestras leyes y su aplicación deben demostrar aquello. Por lo mismo, si bien la agenda legislativa y, en general,  todas las políticas públicas atingentes a la materia, han de instar por el logro de una eficiente persecución penal, ello debe ser realizado sin olvidar ni poner en un segundo plano el irrestricto respeto a los derechos y garantías que gozamos como ciudadanos.

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