Sala de Prensa

04/07/2018

Entregó cifras relevantes y explicó como la DPP desarrolla su misión institucional

El Defensor Nacional expuso ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado

Andrés Mahnke planteó la urgencia de reforzar los mecanismos de reinserción y rehabilitación de quienes infringen la ley. “La ecuación es simple: a más cárcel, mayor reincidencia”, aseguró.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

Acompañado por parte de su equipo de trabajo, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, concurrió ayer hasta el Congreso, en Valparaíso, para exponer ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado -que preside José Miguel Insulza- sobre los planes, medidas y acciones institucionales para cumplir con las funciones y deberes que establece la Ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública (DPP).

Ante una audiencia integrada también por los senadores Andrés Allamand, Felipe Harboe y Felipe Kast -Francisco Huenchumilla no pudo asistir-, Mahnke partió explicando la misión y los mecanismos a través de los cuales la institución materializa la garantía de la defensa como un derecho humano y otorga legitimidad al ejercicio del poder punitivo del Estado.

En ese contexto, aclaró que desde su creación, en 2001, la Defensoría ha representado a casi 4 millones 100 mil imputados, con un máximo de poco más de 370 mil personas atendidas en 2011, momento a partir del cual se ha registrado una caída progresiva de 13 por ciento en los ingresos, con un total de poco más de 322 mil casos el año pasado.

INOCENTES, JÓVENES Y PRISIÓN PREVENTIVA
Luego, el Defensor Nacional mostró una serie de cifras que preocupan a la institución y que captaron el interés de los parlamentarios presentes, como el hecho de que entre 2010 y 2017 más de 1 millón 400 mil personas (más de un 12 por ciento de la población mayor de 18 años) fue imputada de un delito, o el dato de que más de 11 mil personas inocentes han estado privadas de libertad en los últimos cuatro años, sumando 3 mil 100 sólo el año pasado.

Mahnke planteó la necesidad de realizar una reflexión sistémica y preparar reformas que permitan reforzar los mecanismos de reinserción y rehabilitación de quienes infringen la ley, toda vez que las cifras reales de delincuencia en el país son las más bajas del continente.

Como ejemplo, señaló que si bien la tasa de victimización se situó en 28 por ciento en 2017, la percepción subjetiva de aumento de la delincuencia marcó 80,9 por ciento, en un contexto en que la mitad de la ciudadanía tiene a la televisión como principal fuente de información.

Para reflejar un uso exagerado de la prisión preventiva (adultos) y de la internación provisoria (jóvenes) en el país, el principal directivo de la DPP explicó que en adultos esta medida cautelar pasó de afectar a 15 mil 369 personas en 2006 a 30 mil 981 personas el año pasado, aunque en éste último período 12 mil 742 de estas personas finalmente no fueron condenadas a penas privativas de libertad y 4 mil 451 de ellas eran ‘primerizos’.

“El gran fracaso de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) es no haber cumplido la promesa de reinserción y rehabilitación que contenía. La ecuación es simple: a más cárcel, mayor reincidencia”, aseguró Andrés Mahnke.

El Defensor Nacional concurrió al encuentro acompañado por el jefe del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP), Rubén Romero; la Defensora Regional Metropolitana Sur (DRMS), Viviana Castel, y su par de Valparaíso, Claudio Pérez, entre otros directivos.

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