Sala de Prensa

18/07/2018

En el marco de la 'Mesa regional de derechos humanos', coordinada por el Seremi de Justicia

INDH y Defensoría constatan calidad de vida de internos del penal de Arica

Las oficinas regionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y de la Defensoría Penal Pública en Arica y Parinacota organizaron una visita el centro penitenciario -particularmente al módulo de alta seguridad- para observar las condiciones carcelarias del recinto.

Por Daniela Tapia M.,
Defensoría Regional de Arica y Parinacota.

Durante una visita, organizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría Regional de Arica y Parinacota para velar por la condiciones de privación de libertad de las personas internas en la cárcel de Acha, se pudo confirmar que en ese recinto penal persisten, en general, algunos problemas que afectan las condiciones de vida de los reclusos y reclusas, como el escaso acceso al agua potable. 

“Ésta es proporcionada sólo tres veces en el día, durante media hora. Durante esos reducidos espacios de tiempo, los internos procuran almacenar el agua que pueden, en bidones que ellos mismos se han conseguido. Esto claramente vulnera sus derechos humanos”, explicó el jefe regional del INDH, David Bahamondes.

ALTA SEGURIDAD
Los internos del módulo de alta seguridad refirieron, entre otros aspectos, una alimentación de mala calidad, con productos líquidos exageradamente diluidos y con componentes asociados a alto consumo de carbohidratos y grasas. 

También señalaron un precario y deficiente acceso a la salud, pues el servicio de enfermería no da abasto para la población penitenciaria existente, en cuyo contexto sería frecuente la mala atención de los funcionarios y la permanente escasez de medicamentos.

“Frente a las críticas a nivel nacional sobre las malas condiciones dentro de los recintos penitenciarios, surgió la necesidad de la Defensoría y el INDH de visitar y verificar las reales condiciones en las que están viviendo cientos de personas que están privadas de libertad, pero no de sus demás derechos. Nos percatamos que existen un sinnúmero de necesidades que debemos mitigar a la brevedad”, explicó el jefe de Estudios de la Defensoría de Arica y Parinacota, Sergio Zenteno.

Los internos también ven afectado su derecho a la educación. La población penal que ocupa el módulo de alta seguridad es categorizada –según Gendarmería de Chile- como una población penal que se encuentra allí en forma “transitoria” por razones disciplinarias, o bien para resguardo de la seguridad de los propios internos.

Sin embargo, por diferentes factores la permanencia de algunos internos en ese espacio puede ser prolongada. Lo anterior, sumado a la falta de programas para el desarrollo de competencias laborales, compromete las posibilidades de resocialización de los afectados.

El módulo presenta, además, dificultades en cuanto a las horas de patio disponibles para los internos, las que deben distribuirse entre diferentes grupos, medida que según el personal penitenciario se debe al riesgo de agresiones entre los internos.

BUENAS PRÁCTICAS
Los visitantes destacaron positivamente que en el Módulo E-2 -que alberga a 226 internos- se están reparando los baños y se ha instalado un estanque que permitirá almacenar agua.

“En gran medida, ello respondería a la iniciativa de un funcionario de Gendarmería que labora en el módulo, quien ha gestionado un  trabajo asociativo entre internos, gendarmes, la dirección regional y terceros, para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas privadas de libertad”, aclaró el director regional del INDH.

Sin embargo, ambas instituciones destacaron que en este caso el Estado sigue incumpliendo su principal obligación, que es hacerse cargo de mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, lo que en el mejor de los casos ocurre a través de estrategias de solidaridad encaminadas a paliar este déficit.

“El INDH continúa dando seguimiento a las situaciones observadas ante las autoridades de Gendarmería y ha promovido la conformación de un grupo de trabajo multi-institucional para mejorar la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad, en el marco de la 'Mesa regional de derechos humanos', que coordina el Seremi de Justicia y Derechos Humanos”, concluyó David Bahamondes. 

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